Un reclamo colectivo liderado por el empresario Alberto Coppel Luken y el presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo, exige una reasignación presupuestal prioritaria hacia la seguridad y la justicia en Sinaloa, con el fin de responder a la creciente preocupación social por la inseguridad y la necesidad de reconstruir la paz con legalidad.
Un llamado estratégico y necesario
El impulso ciudadano por destinar más recursos a estos rubros no solo se presenta como una medida valiente, sino como una acción clave para contener la violencia, fortalecer el bienestar colectivo, atraer inversiones y sanar el tejido social dañado por años de conflictos. Las autoridades ejecutiva y legislativa del estado están llamadas a escuchar esta exigencia que emerge directamente de la sociedad sinaloense.
«Invertir más en mejor seguridad y justicia es una decisión valiente, pero también estratégica y urgente ya que no sólo reduce el delito sino también mejora el bienestar, promueve la inversión y reconstruye el tejido social».
Desabasto policial y estándares incumplidos
Uno de los argumentos centrales para respaldar el incremento presupuestal es la alarmante escasez de elementos policiales. Actualmente, Sinaloa cuenta con apenas 0.33 oficiales estatales y preventivos por cada mil habitantes, una cifra muy por debajo del estándar mínimo recomendado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que establece una proporción de 1.8 policías por cada mil personas.
- Esta insuficiencia operativa limita severamente la capacidad de prevención y respuesta ante delitos.
- El rezago en la dotación de personal afecta la confianza ciudadana y la eficacia de las estrategias de seguridad.
Fiscalía subfinanciada y carga excesiva
Otro frente crítico es el desempeño de la Fiscalía General del Estado, que en 2024 recibió un presupuesto de mil 72 millones de pesos. Esta cantidad contrasta notablemente con las asignaciones de otras entidades vecinas: Chihuahua destinó 3 mil 233 millones y Sonora, 2 mil 62 millones. Esta brecha financiera repercute directamente en la capacidad investigativa.
En promedio, cada agente del Ministerio Público en Sinaloa debe atender 76 carpetas de investigación, sin incluir el volumen histórico de casos pendientes. Esta sobrecarga obstaculiza la impartición de justicia oportuna y efectiva.
Déficit acumulado por congelamiento presupuestal
El presupuesto para seguridad pública en Sinaloa prácticamente no ha variado desde 2018. Al mantenerse estático, ha perdido valor frente a la inflación, generando un déficit acumulado de 4 mil 877 millones de pesos en siete años. Esta falta de ajuste real ha debilitado las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana.
«La realidad expone que el fortalecimiento a la estrategia de combate a la violencia con visión de construcción de paz duradera tiene que ser la prioridad que abracen el gobernador Rubén Rocha Moya y la 65 Legislatura del Congreso del Estado, así como la sociedad está preocupada y ocupada en que acabe la narcoguerra y que no se repita».
