La escalada de violencia en México ha alcanzado niveles críticos, evidenciando una alarmante desprotección de figuras políticas ante el avance del crimen organizado. Durante el primer semestre de 2025, se contabilizaron aproximadamente 112 ataques letales contra candidatos, funcionarios públicos y autoridades electas en distintos puntos del país, lo que refleja un patrón de intimidación sistemática que busca silenciar a quienes se oponen a los intereses del narcotráfico.
Estos hechos no solo han dejado un rastro de dolor en las comunidades afectadas, sino que también han puesto en evidencia la fragilidad del Estado frente a redes criminales que actúan con total impunidad. Los ataques, en su mayoría ejecutados a plena luz del día y en espacios públicos, envían un mensaje de terror que trasciende las fronteras municipales.
Veracruz: escenario de múltiples ejecuciones políticas
Veracruz se ha convertido en uno de los epicentros de esta ola de violencia. En tan solo seis meses, seis funcionarios y aspirantes a cargos públicos fueron asesinados en diferentes municipios. Entre ellos destacan figuras como Yesenia Lara Gutiérrez, candidata en Texistepec por Morena; Carlos Ramsés Neri Rodríguez, aspirante en Paso del Macho; Germán Anuar Valencia Delgado, postulado en Coxquihui; Bladimir García Soriano, director de Obras Públicas en Ixtaczoquitlán; Manuel Andrei Gamboa Soto, director de Gobernación en Camerino Z. Mendoza; y Martes Bárbaro Hernández Canuto, también candidato por Morena en Oluta.
Estos crímenes revelan una profunda infiltración del crimen organizado en la administración local, así como una red de amenazas y extorsión que paraliza a comunidades enteras.
Asesinatos emblemáticos en Michoacán y Oaxaca
Uno de los casos que más conmoción generó a nivel nacional fue el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán. El 1 de noviembre, mientras participaba en un festival del Día de Muertos en el centro histórico del municipio, fue ultimado por un grupo armado. Manzo era conocido por su postura firme contra el crimen organizado, y en diversas ocasiones había advertido que temía ser asesinado.
En Oaxaca, la violencia también ha golpeado con fuerza. Lilia Gema García, alcaldesa de San Mateo Piñas, fue asesinada el 15 de junio dentro del palacio municipal por al menos cinco atacantes armados. Las autoridades sospechan que el crimen podría estar relacionado con conflictos locales, como el aumento en cuotas municipales y el manejo de recursos federales. Un mes antes, el 15 de mayo, Mario Hernández García, presidente municipal de Santiago de Amoltepec, fue emboscado y asesinado en el camino conocido como El Tablero, en un ataque que también cobró la vida del chofer y un policía municipal.
Ataques en Guerrero, Hidalgo y Tamaulipas
En Guerrero, Isaías Rojas Ramírez, alcalde de Metlatónoc, murió el 2 de junio tras recibir tres disparos durante un intento de asalto. Aunque logró ser trasladado a un hospital, las heridas en el abdomen y tórax fueron mortales. En otro hecho grave, Hossein Nabor Guillén, subsecretario de Bienestar del estado, fue asesinado el 2 de septiembre en Tixtla, en un ataque a balazos sobre la carretera Chilpancingo–Tixtla, cerca de instalaciones de seguridad pública.
En Hidalgo, Miguel Bahena, presidente municipal de Pisaflores, fue ejecutado el 20 de octubre en la comunidad de La Estancia. Dos sujetos en motocicleta se acercaron y le dispararon en cinco ocasiones. Fue trasladado a una clínica local, pero ya no presentaba signos vitales.
Crímenes contra autoridades en Michoacán y en la CDMX
Tacámbaro, Michoacán, también fue escenario de un crimen político. Salvador Bastida García, presidente municipal, fue asesinado el 6 de junio al llegar a su domicilio. Un grupo de sicarios rafagueó su vehículo, incluyendo a su escolta. A pesar de ser trasladado rápidamente a un hospital, falleció minutos después. Pocos días después, Martha Laura Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, fue asesinada junto con su esposo al salir de su casa en la colonia Guerrero. Las autoridades calificaron el caso como feminicidio y homicidio calificado. Se especula que su vínculo familiar con un presunto líder del Cártel de Tepalcatepec pudo haber influido en el ataque.
En la Ciudad de México, el 20 de mayo, Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionarios cercanos a la Jefa de Gobierno Clara Brugada, fueron asesinados en plena Calzada de Tlalpan. Un motociclista les disparó al menos diez veces mientras viajaban en su vehículo.
«una pérdida enorme»
fueron las palabras de Brugada, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum exigió avances inmediatos en la investigación.
Ataques contra representantes federales
El 4 de agosto, Ernesto Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, fue asesinado en un ataque coordinado. Fue perseguido por varias calles hasta que lanzaron una granada contra su camioneta, seguido de múltiples disparos. Su asesinato evidencia la vulnerabilidad incluso de funcionarios federales encargados de combatir el crimen.
Un mapa de terror: cifras oficiales y alerta nacional
Según datos de Integralia Consultores, durante el primer semestre de 2025 se registraron 112 asesinatos de actores políticos, además de 74 amenazas directas, 33 atentados con armas de fuego, 17 secuestros, 11 desapariciones y seis casos de violencia política diversa. Estos números no solo revelan una crisis de seguridad sin precedentes, sino también una normalización de la violencia que amenaza la estabilidad democrática del país.
La escalada de crímenes impune contra funcionarios públicos y candidatos muestra que el crimen organizado no solo controla territorios, sino que también busca influir en las decisiones de gobierno. Mientras tanto, la percepción ciudadana señala que las respuestas gubernamentales son insuficientes, limitándose a buscar responsables sin implementar estrategias contundentes.
