Con apenas tres semanas para finalizar el periodo académico, la Universidad Nacional Autónoma de México registra suspensiones en sus actividades presenciales en al menos la mitad de sus facultades en Ciudad Universitaria, así como en una decena de escuelas preparatorias y profesionales en el Valle de México.
Estas interrupciones se deben a movilizaciones estudiantiles y laborales, desatadas por amenazas no verificadas o por demandas complejas. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el consejo técnico resolvió terminar el semestre en modalidad virtual, argumentando:
«con la finalidad de preservar el interés superior del derecho a la educación y de garantizar la seguridad e integridad de nuestra comunidad»
.
Conflicto en Ciencias Políticas y Sociales
A pesar del desalojo de las instalaciones por parte de los manifestantes hace dos semanas, la tensión persiste. Alejandro Chanona Burguete, recién asumido como director de la facultad y exintegrante de Movimiento Ciudadano, había dispuesto la adecuación de aulas y laboratorios, una medida que se convirtió en uno de los detonantes de la protesta. Ninguna de las mejoras implementadas fue respetada durante la toma.
Las movilizaciones no han seguido un patrón único. En la Escuela Secundaria Erasmo Castellanos Quinto, el bloqueo respondió a la exigencia de instalar comedores comunitarios, en medio de reclamos contra la concesión de servicios de alimentos a empresas privadas dentro del campus universitario.
Desafíos logísticos y apoyo insuficiente
Resolver el problema alimentario en espacios como la Prepa 2 resulta prácticamente inviable: atender con tres comidas diarias a más de 8,000 estudiantes —muchos de ellos hijos de trabajadores afiliados al STUNAM— excede la capacidad de infraestructura disponible. Aunque el Gobierno de la Ciudad de México ofreció apoyo, incluso con un bajopuente en Avenida Churubusco, el proyecto fue abandonado ante la magnitud del desafío.
Desde hace un mes, muchos alumnos han evitado regresar a clases tras una serie de desalojos provocados por falsas amenazas de bomba en al menos seis planteles. La inseguridad percibida ha acentuado el rechazo a la presencialidad.
Cuestionamientos a la seguridad universitaria
La Dirección General de Resguardo, responsable de la vigilancia en facultades, centros de investigación, museos, instalaciones deportivas y escuelas universitarias, ha mostrado ineffectividad para contener las tomas y actos de sabotaje. Su personal pertenece al STUNAM, lo que ha generado dudas sobre posibles conflictos de interés.
Recientemente, autoridades universitarias tuvieron que intervenir tras la detención de cuatro elementos de seguridad, señalados como presuntos responsables en el fallecimiento de un hincha del Cruz Azul cerca del Estadio Olímpico Universitario.
Impacto académico y futuro incierto
La continuidad del proceso educativo está en riesgo. La administración central exhorta a los docentes a cumplir con las evaluaciones establecidas en los programas académicos, pero surge la interrogante: ¿cómo aplicar exámenes en planteles cerrados o con clases en línea? Además, servicios como la extensión universitaria han quedado prácticamente paralizados.
Las autoridades universitarias manifiestan escepticismo ante la posibilidad de diálogo: sin un pliego petitorio claro ni un interlocutor definido en la Rectoría, no consideran viables las negociaciones con el supuesto movimiento estudiantil. Líderes actuales del CEU, que dominan el escenario político interno, lograron entender al antiguo CGH, pero esta generación postpandemia representa un enigma aún sin descifrar.
Lo indiscutible es que la UNAM cerrará el semestre con sus puertas físicas cerradas y encarará 2026 con una preocupación creciente: evitar que la institución se convierta en refugio de grupos subversivos interesados en sabotear la Copa Mundial de la FIFA.
