La Fiscalía General de la República ha acusado al ex agente del Cisen, Jorge Antonio Sánchez Ortega, por el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, sucedido hace 31 años en Lomas Taurinas, en marzo de 1994. Entre las pruebas presentadas figuran 43 anexos entregados bajo sobre cerrado al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal, que incluyen un total de 63 discos compactos con grabaciones del mitin del político.
Estos materiales provienen de las filiales en Tijuana de Televisa, TV Azteca y Telemundo. Algunos de los discos están rotulados con títulos como “MEMO ORTEGA, JACOBO ZABLUDOVSKY ERROR (CASTILLO)”, “PROGRAMA ESPECIAL LUIS DONALDO COLOSIO” y “ENTORNO POLÍTICO DATOS COLOSIO”. También se incluyen dos CD con los nombres “VIDA LONGITUDINAL DE MARIO ABURTO MARTÍNEZ” y “MATERIAL COPIADO DE BETCAM CEPROPIE”.
Pruebas visuales y acusaciones legales
Además, existen archivos denominados “VIDEO 2 PISTOLA”, “C-06 ESPAÑOLES/CLAVADISTA” y “CHICA DE GORRA BLANCA”, cuyo contenido aún no ha sido detallado públicamente. La imputación por homicidio calificado se basa en fracciones del Código Penal relativas a “hipótesis de muerte por lesión en órgano interesado”, “lesión mortal”, “premeditación” y “alevosía en su hipótesis de asechanza”, según consta en la causa penal 5/2025-I-P.
La FGR enfrenta el reto de desentrañar miles de fojas que contienen peritajes sobre la distancia de los disparos, la posición entre la víctima y el supuesto agresor, y un amplio conjunto de videos. Estas grabaciones indican que Sánchez Ortega, quien fue enviado por el Cisen para cubrir el evento, no se encontraba cerca de Colosio cuando ocurrieron los tiros.
Política y reviviscencias
Andrés Manuel López Obrador reactivó el caso en momentos clave de su gobierno, con la intención explícita de vincular a Genaro García Luna, entonces subdirector del Cisen, y a Felipe Calderón, en el crimen. Durante una de sus conferencias matutinas, Carlos Pozos, conocido como “Lord Molécula”, afirmó haber recibido de EL UNIVERSAL un parte médico que indicaba que Colosio murió por disparos de dos armas distintas.
«Lord Molécula» aseguró que esa información se la entregó Liébano Sáenz, vocero de la campaña de Colosio, junto con otros periodistas.
Sin embargo, ni EL UNIVERSAL ni los expedientes públicos han confirmado la existencia de dicho documento. Tampoco hay registros de que otro periodista lo haya recibido, lo que hubiera desatado un escándalo de magnitud nacional.
Dudas sobre la investigación actual
A pesar de la ausencia de ese informe médico, la reapertura del caso ha avanzado. Sánchez Ortega fue recluido en el penal del Altiplano acusado de ser el segundo tirador en el magnicidio. La FGR había solicitado su orden de aprehensión en dos ocasiones previas —2023 y 2024—, ambas denegadas por insuficiencia de elementos de prueba.
En septiembre del año anterior, la fiscalía incorporó dos nuevos tomos a la averiguación previa, que ahora suma 11. Junto con los discos, la acusación incluye el testimonio de una compañera de Mario Aburto, quien identificó en una fotografía a Sánchez Ortega como alguien que visitó a Aburto en tres ocasiones antes del asesinato, en la fábrica Camero Magnéticos.
En 1994, Sánchez Ortega dio positivo en la prueba de radizonato y tenía manchas de sangre de Colosio en su chamarra. Se sabe entre periodistas de la época que también el fallecido Juan Arvizu, coautor de una crónica fundamental sobre el crimen junto con Manuel Ponce, tuvo la ropa manchada con la sangre del candidato. Aun así, los videos no lo sitúan cerca del escenario del ataque en el momento de los disparos.
Un informe que desestimó su participación
El informe especial elaborado por Luis Raúl González y su equipo seis años después del crimen, considerado una de las investigaciones criminales más completas en la historia de México, descartó la participación de Sánchez Ortega en el homicidio. Quienes han estudiado el caso a fondo califican la actual detención como un distractor, una patraña.
Ante la acumulación de contradicciones y la ausencia de pruebas contundentes, surge una pregunta que inquieta al país: ¿qué está haciendo realmente la FGR?
