En el marco de la primera semana concluida de la Cumbre Climática (COP30) en Belém, Brasil, representantes de pueblos originarios amazónicos, comunidades locales, activistas y organizaciones de la sociedad civil protagonizaron una potente movilización durante la Marcha Mundial por el Clima. El mensaje fue claro: la preservación de la Amazonía debe ser prioritaria en las políticas climáticas globales, y quienes han generado la crisis ambiental mediante la explotación de combustibles fósiles deben asumir responsabilidades económicas por los daños causados a lo largo de décadas.
Los manifestantes subrayaron que, pese a ser los guardianes históricos de los bosques tropicales, los pueblos indígenas y las comunidades territoriales tienen escasa representación en las mesas de negociación. Se exigió una transformación profunda en los procesos de toma de decisiones, incorporando las voces de quienes viven directamente los impactos de la emergencia climática y han mantenido en pie ecosistemas clave para la supervivencia del planeta.
Presión ciudadana contra el lobby contaminante
«Hoy somos decenas de miles de personas en las calles de Belém para mostrar a los negociadores de la COP30 que así es como se manifiesta el poder popular. Ayer descubrimos que uno de cada 25 participantes de la COP30 es un lobista de combustibles fósiles, lo que representa un aumento proporcional del 12% con respecto a la COP del año pasado. ¿Cómo se puede resolver la crisis climática mientras quienes la provocan influyen en las negociaciones y retrasan las decisiones? La gente está harta: basta de palabras, necesitamos acción, y la necesitamos ya».
Así lo afirmó Carolina Pasquali, Directora Ejecutiva de Greenpeace Brasil, durante la movilización, al tiempo que denunció la creciente presencia de representantes del sector de combustibles fósiles dentro del espacio oficial de la conferencia climática.
La factura del daño climático
La movilización también sirvió para visibilizar una exigencia concreta: que las grandes corporaciones responsables de las emisiones más altas asuman el costo de los estragos climáticos globales. Abdoulaye Diallo, codirector de la campaña “Que los contaminadores paguen” de Greenpeace Internacional, destacó que fenómenos extremos continúan devastando regiones enteras mientras los gobiernos postergan decisiones clave.
«Salimos a las calles porque, mientras los gobiernos no actúan con la suficiente rapidez para que los contaminadores paguen por los daños climáticos causados en la COP30, los fenómenos meteorológicos extremos siguen causando estragos en todo el mundo. Por eso estamos aquí, presentando la factura de los contaminadores climáticos, que muestra los daños económicos proyectados de más de 5 billones de dólares estadounidenses derivados de las emisiones de tan solo cinco empresas de petróleo y gas durante la última década. Las empresas de combustibles fósiles están destruyendo nuestro planeta y la gente está pagando las consecuencias. Los negociadores deben tomar conciencia de la creciente presión pública y política para que los contaminadores paguen y acordar nuevos impuestos a la contaminación en el resultado final de la COP30».
