7 de marzo del 2026
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Avanza la deforestación ilegal en Michoacán pese a acciones gubernamentales; FGR intensifica investigaciones en cuatro regiones

En Michoacán, la destrucción de bosques por tala clandestina persiste como un grave problema ambiental, rebasando las capacidades de control estatal y federal. Recientemente, la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), inició nuevas indagatorias en cuatro municipios tras recibir denuncias de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Zonas afectadas y hallazgos en campo

Equipos de inspección federal detectaron severos daños en ecosistemas forestales localizados en Tangancícuaro, Uruapan, Nahuatzen y Los Reyes. En sitios como Los Canices, Las Parcelas, Cerro de Las Varas, Piedra del Pulpito, Joya Oscura, El Puerto, Cerro de Agua y la comunidad indígena de Atapan, se hallaron grandes extensiones deforestadas, principalmente por la extracción de árboles de pino maduros, con indicios claros de intención para modificar ilegalmente el uso del suelo.

Peritos acompañados por agentes de la Policía Federal Ministerial acudieron a los puntos afectados, documentaron los daños y remitieron dictámenes técnicos al Ministerio Público Federal con sede en Zamora y Uruapan, con el fin de integrar las carpetas de investigación correspondientes.

Acciones institucionales y desafíos persistentes

Aunque las investigaciones están en curso, los hallazgos recurrentes ponen en evidencia que la tala ilegal opera en Michoacán como una actividad criminal estructurada, capaz de evadir los mecanismos oficiales de vigilancia y contención ambiental.

La FGR destacó que el Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (CEDAC) sigue activo, recibiendo reportes de la población sobre delitos ecológicos a través de canales oficiales de contacto, en un esfuerzo por contener un fenómeno que continúa amenazando los recursos naturales del estado.

«La dependencia federal reiteró que el Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (CEDAC) continúa recibiendo reportes ciudadanos relacionados con delitos ambientales, a través del correo y teléfono oficiales, como parte del esfuerzo para frenar un fenómeno que no cede y que amenaza seriamente los bosques del estado.»

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