La Fiscalía General del Estado de Michoacán dio a conocer la captura de siete empleados públicos vinculados de manera «probable» al homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre durante una celebración por el Día de Muertos. Los detenidos enfrentan posibles cargos por delito de homicidio por omisión, al haber formado parte del equipo de seguridad encargado de proteger al mandatario.
Funcionarios vinculados a falla en protección
De acuerdo con información oficial, los siete individuos detenidos eran escoltas de Manzo y estaban a cargo de su resguardo personal durante eventos oficiales. Tras su aprehensión, serán trasladados al Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez” y puestos a disposición de un juez de control para determinar su situación legal. La acción contó con el respaldo operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional y elementos de la Guardia Nacional.
Estas detenciones se llevaron a cabo el mismo día en que fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, Jorge Antonio «N», alias El Licenciado, señalado como presunto autor intelectual del crimen. El arresto de este individuo tuvo lugar el miércoles previo en Michoacán.
Conexión con estructura delictiva
«El asesinato de Manzo está vinculado a un grupo delictivo de la zona relacionado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG»
declaró Omar García Harfuch, titular de la SSPC, al anunciar la detención del presunto operador criminal. Las investigaciones estatales indican que tres hombres estuvieron directamente implicados en el ataque: uno de ellos, identificado como Víctor Manuel «N», fue abatido en el lugar tras abrir fuego; mientras que Fernando Josué «N» y Ramiro «N» desempeñaron funciones de seguimiento y apoyo logístico, y fueron hallados sin vida el 10 de noviembre.
El magnicidio generó una profunda conmoción nacional, al haberse perpetrado en un acto público, lo que ha puesto en el centro del debate la seguridad de los servidores públicos en zonas de alta conflictividad. Hasta ahora, las autoridades han confirmado que los autores materiales del crimen ya no enfrentarán juicio por hallarse fallecidos, mientras las líneas de investigación siguen enfocadas en las redes de apoyo y coordinación del ataque.
