7 de marzo del 2026
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Perú evalúa incursión en sede diplomática mexicana para aprehender a ex primera ministra Betssy Chávez

El mandatario interino de Perú, José Jerí, ha manifestado que no se descarta una intervención directa en la embajada de México en Lima con el fin de cumplir con la orden de arresto contra Betssy Chávez, acusada de participar en un intento de golpe de Estado. La ex primera ministra lleva casi tres semanas resguardándose en la misión diplomática mexicana, tras ser procesada por su vinculación con el derrocamiento del expresidente Pedro Castillo.

Postura firme del gobierno peruano

Jerí subrayó que las autoridades peruanas actuarán con pleno apego a sus obligaciones internacionales, pero sin renunciar al cumplimiento de las resoluciones judiciales. «Si es necesario, ingresaremos», afirmó, dejando en claro que la posibilidad de una entrada forzada está sobre la mesa si no se logra acceder a Chávez por vías diplomáticas. La orden de prisión preventiva contra ella se fundamenta en el riesgo de fuga y su ausencia reiterada a audiencias legales.

Este escenario ha intensificado el debate sobre los límites entre el respeto al asilo diplomático y la exigencia de rendición de cuentas ante la justicia nacional. El gobierno peruano insiste en que no permitirá que espacios diplomáticos sean utilizados como refugios permanentes para evitar procesos penales.

Contexto de crisis política

La situación ocurre en medio de una profunda inestabilidad política desatada tras la destitución de Pedro Castillo, lo que desencadenó protestas masivas y una ola de procesos judiciales contra figuras cercanas a su administración. El reforzamiento del operativo legal contra Chávez simboliza la determinación del régimen interino por restablecer el orden institucional y demostrar que las órdenes judiciales serán ejecutadas sin excepciones.

Alrededor de la embajada se han desplegado fuerzas policiales y militares, lo que ha elevado la tensión en la zona. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo del caso, dado que una entrada forzada violaría la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, un precedente que podría tener consecuencias diplomáticas graves.

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