Un paro nacional de agricultores y transportistas ha provocado el cierre de al menos veinte vías en distintas entidades del país, evidenciando una crisis profunda en el sector agropecuario. Las peticiones principales dirigidas al Gobierno federal incluyen precios justos para sus productos, mayor seguridad en las carreteras y apoyos para la producción. Además, rechazan la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, alegando que perjudica sus actividades al limitar el acopio de agua de lluvia y la transmisión de concesiones hídricas entre generaciones.
Reclamos históricos y desconfianza institucional
La magnitud del pliego petitorio dificulta las negociaciones, especialmente cuando se perciben intereses políticos detrás de algunos sectores movilizados. Analistas señalan que el abandono del campo mexicano no es nuevo: tanto los regímenes priistas, panistas como el morenista previo a la actual administración, han sido criticados por su escasa inversión y falta de sensibilidad hacia los campesinos. En particular, se refiere que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó la crisis agrícola a los propios productores, sin ofrecer soluciones concretas ni recursos federales suficientes.
«El campo mexicano no puede esperar más», es una frase recurrente entre dirigentes de todos los partidos, aunque escasamente acompañada de propuestas viables. Se denuncia que muchas intervenciones obedecen a estrategias demagógicas o a la búsqueda de visibilidad mediática, más que a un compromiso genuino con el sector.
Legado del corporativismo y nuevos desafíos
El modelo priista de organización campesina, basado en el corporativismo, perseguía tres objetivos: controlar el acceso a recursos naturales, legitimar representaciones sociales y planear la producción mediante regulación de precios y comercialización. Sin embargo, en la práctica, este esquema terminó por explotar a los campesinos y utilizarlos como herramienta electoral. Durante el periodo panista, la situación empeoró con la eliminación de apoyos, el aumento en los costos de producción y la apertura indiscriminada al grano extranjero, lo que impulsó la migración forzada del campo.
La entrada en vigor de los compromisos agrícolas del T-MEC representa, según algunos, una verdadera «bomba de tiempo», al colocar a los productores nacionales en desventaja frente a sus contrapartes extranjeras. Se advierte que sin una revisión profunda de estos acuerdos y una política de Estado clara, el deterioro será irreversible.
Expectativas bajo la nueva administración
Ante este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfrenta la exigencia de atender un sector largamente postergado. Aunque aún no se ha definido una política clara, su postura despierta cierta esperanza entre los sectores rurales. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, ha extendido múltiples llamados al diálogo para revisar y renegociar los apoyos, pero algunos grupos persisten en la movilización, alegando desconfianza en las instituciones y motivaciones políticas en las respuestas gubernamentales.
«Por eso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo debe poner atención especial a este sector tan abandonado por los regímenes priistas, panistas y el morenista que la antecede.»
