La empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA), señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) por su participación en una red de huachicol y tráfico de armas vinculada al dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, recibió al menos 30 contratos por un monto superior a los 300 millones de pesos de la propia FGR para resguardar instalaciones en todo el país. Además, fue contratada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para cuidar aduanas en zonas críticas de contrabando de combustible, como Tijuana, Nogales y Guaymas.
Vínculos con red criminal y contratos millonarios
Según un análisis de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), con base en datos de ComprasMx y la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), SEICSA fue beneficiada con múltiples contratos entre 2020 y 2022. La empresa figura como una de las cinco utilizadas para adquirir, rematricular y distribuir armamento a grupos criminales, amparada bajo licencias a nombre de compañías de seguridad, lo que dificultaba su detección durante operativos.
En la descripción de los contratos se especifica que SEICSA debía proporcionar servicios de vigilancia en sedes de la FGR, delegaciones estatales y unidades administrativas. Solo en 2021, la dependencia le otorgó un contrato por 181 millones de pesos para la seguridad de sus instalaciones.
Figuras clave y conexiones políticas
Jorge Enrique Alberts Ponce, representante legal de SEICSA desde 2017, es señalado por la FGR como uno de los líderes de la red delictiva, encargado de coordinar la rematriculación y distribución del armamento. Además, fue identificado por MCCI en el desvío de recursos a Segalmex a través de otra empresa, Acurgen S.A. de C.V., que ya había sido señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el esquema conocido como Estafa Maestra.
Alberts Ponce también figuró como representante de Acurgen en un contrato con Segalmex, en el que declaró como domicilio el inmueble ubicado en Séneca 350, colonia Polanco, propiedad del hijo de Julia Abdalá Lemus, pareja de Manuel Bartlett, exdirector de la CFE.
Red de empresas con múltiples contratos gubernamentales
SEICSA no solo trabajó para la FGR, sino que acumuló decenas de contratos entre 2018 y 2024 con dependencias federales como la CFE, Profeco, IMSS, SAT, Banjercito, Banco del Bienestar, INEGI, Capufe, Lotería Nacional, INEA, Infonacot, INBAL, INDEP, ASIPONA de Guaymas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco Nacional de Comercio Exterior.
En el caso de la CFE, durante la gestión de Manuel Bartlett, la empresa recibió contratos por hasta 264 millones de pesos para brindar seguridad en inmuebles de CFE Distribución en el Valle de México. El domicilio en Séneca 350 también está vinculado a Servicios Profesionales de Seguridad Privada (SERPROSEP), cuyo director general, Christian Pablo Varela Escobedo, aparece en el expediente penal 495/2025 como representante legal de Servicios Terrestres de Seguridad Privada (SETER), otra empresa usada en el tráfico de armas.
Otras empresas del círculo delictivo con contratos oficiales
Servicios Integrales Valbon, S.A. de C.V., también implicada en la red de Rocha Cantú, obtuvo al menos 12 contratos entre 2021 y 2024 con instituciones como Capufe, IMSS, ISSSTE, Fonatur, Lotería Nacional y la Sociedad Hipotecaria Federal, por un monto cercano a los 57 millones de pesos.
Por su parte, Servicios Terrestres de Seguridad Privada, S.A. de C.V. (SETER), participó en al menos tres contratos con Liconsa en 2019 y 2020, por un total de casi 5 millones de pesos, pese a estar vinculada directamente con actividades ilícitas.
«Este es uno de los 30 contratos que la FGR otorgó a una empresa que ahora investiga de traficar armas.»
«Contratos que el SAT asignó a SEICSA para custodiar las aduanas de Tijuana y Nogales, dos de los puntos que han sido conflictivos en el contrabando de combustible.»
«Este es uno de los mayores contratos que la CFE otorgó, durante la gestión de Bartlett, a SEICSA.»
