El Congreso de Aguascalientes analizará y someterá a votación la propuesta de ley que impulsa la transformación digital de los servicios gubernamentales, presentada por el Ejecutivo estatal. Dicha normativa tiene como finalidad otorgar plena validez jurídica a los trámites, documentos y actos realizados por medios electrónicos, incorporando de manera formal la firma electrónica avanzada en los procesos oficiales.
Modernización del sistema notarial y gubernamental
La iniciativa contempla la derogación de la legislación anterior, vigente desde 2013, y establece un marco normativo renovado que permitirá a dependencias estatales, municipios, organismos autónomos, notarios públicos y ciudadanos llevar a cabo gestiones en formato digital, con efectos jurídicos equiparables a los realizados de manera presencial. Entre sus pilares está el reconocimiento formal de la firma electrónica avanzada como medio válido para acreditar identidad y consentimiento.
Además, se regulan los procesos de certificación de firmas digitales y se definen responsabilidades específicas tanto para funcionarios públicos como para los particulares que utilicen estos mecanismos.
Nuevos instrumentos digitales para los ciudadanos
El dictamen introduce figuras clave como el Expediente Digital y el Buzón Digital Estatal, herramientas que permitirán a los usuarios recibir notificaciones oficiales, enviar documentación y hacer seguimiento a sus trámites sin necesidad de trasladarse físicamente a alguna dependencia. Con ello, se busca facilitar el acceso a servicios y eliminar trámites innecesarios.
La Secretaría de Innovación y Gobierno Digital será la encargada de operar como autoridad certificadora, con funciones para expedir, gestionar y supervisar los certificados digitales, así como velar por la integridad de los sistemas de autenticación.
Beneficios y próximos pasos
Según se detalla en la propuesta, los objetivos principales de esta ley son la simplificación de trámites, el impulso a la transparencia gubernamental y la disminución de costos operativos tanto para el gobierno como para la población. Una vez que sea aprobada, la norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial.
Las autoridades estatales tendrán un plazo de un año, a partir de su entrada en vigor, para implementar los sistemas tecnológicos necesarios y garantizar el cumplimiento de lo establecido en la nueva ley.
