7 de marzo del 2026
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Morelos aprueba legislación contra ataques con sustancias corrosivas y refuerza lucha contra la violencia de género

El Congreso de Morelos presentó reformas que establecen la violencia ácida como un delito independiente, con penas que alcanzan los 15 años de prisión. La activista María Elena Ríos estuvo presente en el evento, donde se destacó su lucha personal tras sobrevivir un ataque con ácido en 2019. Estas modificaciones al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia posicionan a Morelos como la entidad número 20 en contar con una normativa específica en esta materia.

Impulso legislativo con enfoque de género

La diputada Jazmín Solano López encabezó el evento legislativo y presentó la ponencia «Ley de Violencia Ácida, Visibilizar para Transformar», ofrecida por la saxofonista y defensora oaxaqueña María Elena Ríos Ortiz. Solano López enfatizó que estas reformas son un acto de justicia y una declaración contundente contra la impunidad:

«En Morelos no estamos dispuestas a tolerar agresiones que destruyen vidas»

.

La legisladora resaltó que la normativa rinde homenaje al trabajo de Ríos, cuya trayectoria ha sido clave para impulsar la llamada «Ley Malena». Asimismo, recordó que detrás de cada cambio legal hay historias profundas de dolor, lucha y recuperación.

Características del delito y contexto nacional

Durante su intervención, Ríos Ortiz advirtió sobre las múltiples formas de revictimización que enfrentan las sobrevivientes dentro del sistema institucional. «Quemar a una mujer en Morelos ya es un delito y muy grave», afirmó. Explicó que la legislación contempla agresiones con ácido, sustancias corrosivas, tóxicas, inflamables, irritantes o líquidos a altas temperaturas.

Según datos presentados por la Conavim, entre enero y octubre de 2025 se registraron 395 víctimas de este delito, la mayoría mujeres en condiciones de vulnerabilidad, atacadas por sus parejas o exparejas. A nivel nacional, solo existen dos sentencias condenatorias por ataques con sustancias corrosivas, lo que evidencia la necesidad de fortalecer el marco legal y su aplicación.

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