El Gobierno de Gustavo Petro y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), identificado como el Clan del Golfo, sellaron dos nuevos protocolos en Doha, Qatar, con el objetivo de reforzar la transparencia y coordinación en el proceso de paz. El pacto fue suscrito por Luis Armando Pérez, representante del grupo armado, y Álvaro Jiménez, asesor de la Oficina de Paz presidencial. Ambas partes acordaron establecer un mecanismo tripartito para supervisar, monitorear y verificar el cumplimiento de los compromisos alcanzados en la capital qatarí.
El Estado colombiano se comprometió a brindar apoyo logístico, técnico y financiero tanto al mecanismo de verificación como a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (Mapp/OEA). Además, se acordó que la OEA emita informes bimestrales sobre los avances y obstáculos del proceso. El segundo documento, denominado Protocolo para el Seguimiento, Monitoreo y Verificación (SMV) de los Compromisos de Paz, detalla la estructura y funciones del organismo tripartito encargado de prevenir incidentes y comprobar el cumplimiento de los acuerdos.
Cuestionamientos al proceso de negociación
Analistas y sectores políticos han expresado preocupación por la fragilidad jurídica del acuerdo y su impacto territorial, especialmente en regiones como Chocó y Córdoba, donde el Clan del Golfo opera con influencia en narcotráfico, extorsión y minería ilegal. La organización cuenta con aproximadamente 8.000 integrantes y mantiene un control de facto en municipios clave desde hace dos décadas.
Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), reconoció que el grupo ya ejerce dominio territorial, por lo que no se trata de una «entrega» de poder:
«El Clan del Golfo tiene en municipios de Chocó y Córdoba casi todo el control territorial desde hace 20 años, ellos ganaron el control de facto»
. No obstante, advirtió sobre la limitada capacidad del Estado para articular políticas:
«Para la ejecución de acuerdos pequeños se necesita mucha interlocución y mucha articulación del Estado, algo que este Gobierno ha demostrado no tener»
. Tampoco existe un plan claro para recuperar el territorio tras una eventual desmovilización, algo que considera más crucial que el marco legal.
Debates sobre el cese de fuego y marco jurídico
Viviana García, investigadora del Instituto Arnold Bergstraesser ABI y del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA), destacó la ausencia de un marco jurídico aprobado que permita el sometimiento de los criminales a la justicia:
«Entre los muchos obstáculos que la política del Gobierno no ha podido superar, está lograr la aprobación de un marco jurídico que facilite, en el caso de los grupos criminales, el sometimiento a la justicia. Está en proceso en el Congreso, pero no es claro si efectivamente va a ser aprobado»
.
El exministro Luis Felipe Henao calificó el acuerdo como
«uno de los pactos de desmovilización más absurdos y peligrosos»
de la historia colombiana, al no incluir un cese del fuego. Bonilla argumentó que esta exigencia no se aplica igual al Clan del Golfo, ya que su estructura no es militarizada como las antiguas guerrillas:
«Muchos de sus militantes actúan como apoyos desde sus casas, no portan uniformes y no viven en campamentos como las guerrillas, que desde sus campamentos sí quieren tomar el poder por las armas»
. Para ella, el verdadero enfrentamiento del grupo es con la Policía y las incautaciones de cocaína, no con el Ejército.
Riesgos en contexto electoral y vigilancia internacional
Los nuevos protocolos también incluyen la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Belén de Bajirá y Unguía (Chocó) y Tierralta (Córdoba), donde se ubicarán los desmovilizados a partir del 1 de marzo de 2026. Esta fecha coincide con un periodo sensible: una semana antes se llevarán a cabo las elecciones al Congreso y las consultas presidenciales.
García advirtió sobre los riesgos para las comunidades:
«La prioridad del Gobierno debe ser la mejora de la seguridad de los civiles, que han sido los más afectados por las acciones de estos grupos»
, y señaló que la urgencia por mostrar resultados podría llevar al Gobierno a cometer errores. Pese a calificar la política de paz total como
«un desastre»
, Bonilla defendió el diálogo:
«Creo que, en este caso del Clan del Golfo, Colombia está proponiendo una salida posible, que obviamente hay que trabajar de una manera más seria, pero que puede ser una salida para que América Latina descubra qué puede hacer con el crímen organizado, que es nuestro principal problema hoy»
.
Sobre las críticas del presidente estadounidense Donald Trump, quien acusa a Petro de favorecer al narcotráfico, Bonilla planteó una reflexión geopolítica:
«¿Podría Qatar venir a América Latina, a uno de los mayores aliados de los Estados Unidos, independientemente de que los presidentes ahora peleen —hemos sido aliados 40 años en la lucha contra el narcotráfico—, a mediar con un grupo armado ilegal del tamaño del Clan del Golfo sin permiso de los Estados Unidos? No tengo pruebas, pero mi intuición me dice que este proceso tiene permiso de Washington»
.
