El Senado de la República dio luz verde a una modificación en la Ley General de Salud que prohíbe en todo el territorio nacional la fabricación, importación, distribución y promoción de cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo. La votación, realizada en la noche de este miércoles, arrojó 76 votos a favor, 37 en contra y una abstención, con lo cual se avaló el dictamen que prevé sanciones penales de hasta ocho años de prisión para quienes comercialicen estos productos. No obstante, se excluyó del castigo el uso y la tenencia personal, tras las críticas de usuarios y especialistas sobre los riesgos de criminalización.
Justificación de salud pública y respaldo presidencial
La reforma se alinea con una propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y se fundamenta en el peligro para la salud que representan estos artículos, así como en su proliferación en el mercado ilegal. Aunque desde 2022 ya existía una restricción a la importación y venta de vapeadores, su acceso sigue siendo común a través de comercios informales, plataformas digitales y centros comerciales no regulados.
Para la bancada de Morena, esta actualización legal es crucial para evitar que el negocio crezca en la clandestinidad. Sin embargo, partidos de oposición como PAN, PRI y Movimiento Ciudadano argumentaron que la prohibición podría tener efectos contrarios, al impulsar el control del comercio por parte del crimen organizado y exponer a los consumidores a productos sin supervisión ni información clara sobre su contenido.
Debate legislativo y advertencias de la oposición
Durante un debate que superó las tres horas, legisladores de la oposición insistieron en que la medida podría desplazar la venta hacia redes delictivas. La senadora del PAN, Gina Campuzano, acusó a Morena de utilizar una “cortina de humo más cínica” para desviar la atención de los problemas de inseguridad en el país.
“Están firmando un cheque en blanco para que el crimen envenene a nuestra juventud. La gente seguirá buscando estos productos, pero ahora en el sótano del narcomenudeo, sin saber qué se están metiendo al cuerpo”
, afirmó desde el podio.
Por su parte, Carolina Viggiano, del PRI, señaló que la reforma carece de sustento científico y calificó la propuesta como una “caja negra”. Recordó que la prohibición del tabaco no ha impedido su venta a menores y sostuvo que la función del Estado debe ser regular, no prohibir.
Argumentos a favor: protección a menores y riesgos sanitarios
Los senadores del bloque mayoritario destacaron el aumento en el consumo de vapeadores entre adolescentes, a quienes consideran el grupo más vulnerable. Manuel Huerta subrayó que estos dispositivos contienen nicotina, metales pesados, compuestos cancerígenos y partículas que afectan el sistema respiratorio y cardiovascular.
“El Estado no invade la vida privada, cumple su obligación de prevenir riesgos y no ser omiso ante un mercado que actúa deliberadamente sobre población vulnerable”
, declaró, añadiendo que se intensificarán las campañas de prevención.
Rocío Corona, del Partido Verde Ecologista de México, calificó el consumo de vapeo como una “epidemia silenciosa” encubierta tras sabores dulces y dispositivos atractivos. José Manuel Cruz destacó que el vapeo es el producto con nicotina más usado entre jóvenes y que, solo en 2024, cerca de 1,63 millones de estudiantes reportaron haberlo consumido.
“Los atractivos sabores, la publicidad y la facilidad de acceso los han convertido en una puerta de entrada a la dependencia”
, señaló.
Detalles de la reforma y prohibición publicitaria
La reforma introduce un capítulo específico en la Ley General de Salud, en el que define como vapeadores a cualquier sistema que permita calentar, vaporizar o atomizar líquidos, geles, ceras, aerosoles o resinas, con o sin nicotina, destinados a ser inhalados. Asimismo, prohíbe toda forma de publicidad o propaganda en medios impresos, digitales, radiofónicos, televisivos o plataformas emergentes, argumentando que la industria ha dirigido sus estrategias a menores mediante sabores atractivos y mercadotecnia encubierta.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, criticó la decisión de no regular el mercado:
“Prohibir no significa regular. Estamos empujando a niñas, niños y adolescentes al mercado negro donde nadie pide identificaciones ni existen consecuencias para quienes venden a menores”
. Los cambios serán publicados en el Diario Oficial de la Federación.
