Por unanimidad, con 53 votos a favor, el Congreso de la Ciudad de México dio luz verde a modificaciones en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), con el objetivo de colocar a las víctimas en el centro del sistema de justicia y actualizar las funciones institucionales para una operación más eficiente y moderna.
Actualización normativa para cerrar brechas institucionales
Víctor Hugo Lobo Rodríguez, presidente de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, explicó que, pese a cinco años de funcionamiento de la Fiscalía, su marco legal no ha evolucionado al ritmo de su operación real, lo que ha generado lagunas jurídicas. Desde 2020, diversas unidades especializadas han sido creadas sin respaldo legal, como las áreas de Atención a Víctimas, Asuntos Internos, Control Ministerial y unidades tecnológicas, lo que ha derivado en duplicidad de funciones y ausencia de lineamientos claros.
Las reformas buscan alinear la ley con la realidad operativa y con el mandato constitucional del artículo 44 de la Constitución local, fortaleciendo la procuración de justicia desde una perspectiva centrada en las personas afectadas por delitos.
Fortalecimiento institucional y modernización digital
Entre los cambios destacados está el reconocimiento legal de nuevas unidades administrativas dedicadas a investigación y litigio, determinación, salidas anticipadas e imputado desconocido. Asimismo, se establece un periodo de seis años para el titular del Órgano Interno de Control, equiparándose a la estabilidad del titular de la Secretaría de la Contraloría, lo que otorga mayor independencia y continuidad.
Se incorpora también el uso formal de medios digitales en la investigación y recepción de denuncias, armonizando la operación de la FGJ con el Código Nacional de Procedimientos Penales y eliminando contradicciones jurídicas. El diputado Lobo Rodríguez enfatizó que no habrá impacto presupuestal, ya que los ajustes se realizarán mediante gastos compensados.
Coordinación metropolitana y enfoque en víctimas
Una de las innovaciones clave es la obligación legal de fortalecer la colaboración con entidades conurbadas, reconociendo que la delincuencia no entiende de fronteras. Esta disposición busca mejorar la respuesta integral en casos que trascienden la jurisdicción capitalina.
«Este dictamen prioriza la atención y la protección de las víctimas, modernizando la procuración de justicia en la capital del país»
El dictamen aprobado se derivó de una iniciativa presentada por Bertha María Alcalde Luján, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, y fue complementado con aportes de legisladores de distintas fuerzas políticas. Lobo Rodríguez agradeció el trabajo conjunto de las comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Administración y Procuración de Justicia, así como al diputado Alberto Martínez Urincho por su coordinación.
Con esta reforma, se da un paso clave hacia una ciudad más segura, donde el sistema de justicia responda de manera oportuna y eficaz a las necesidades de la población, particularmente de quienes han sufrido algún delito. La medida refleja el compromiso del Congreso local con una Ciudad de México más justa, segura y con gobierno eficaz.
