El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Ricardo Trevilla Trejo, anunció el despliegue de 1,680 soldados con el fin de reforzar la seguridad en municipios productores de limón y aguacate en Michoacán, afectados por constantes casos de extorsión vinculados a organizaciones criminales.
Ampliación del Plan Paricutín para contener delitos de alto impacto
Durante una rueda de prensa del Gabinete de Seguridad federal, Trevilla Trejo indicó que se intensifica el Plan Paricutín, diseñado para reducir la violencia, prevenir delitos graves y garantizar un entorno seguro para agricultores, trabajadores del campo y comunidades locales. De los efectivos desplegados, 860 se enfocan en seis municipios dedicados al cultivo de limón, mientras que 820 brindan vigilancia en 14 municipios aguacateros, con apoyo aéreo de helicópteros y células especializadas en inteligencia.
Como parte de los resultados alcanzados bajo esta estrategia, se han detenido a 208 personas, asegurado 83 armas de fuego, 8 mil 866 cartuchos y 126 artefactos explosivos. Asimismo, se intensificaron las revisiones en centros penitenciarios del estado, donde se incautaron 2 mil 710 teléfonos móviles y 913 chips durante 2025, con el objetivo de interrumpir las órdenes delictivas emitidas desde cárceles estatales.
Traslado de 25 reos considerados de alto riesgo
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer la ejecución de un operativo clave dentro del «Plan Michoacán por la Paz y la Justicia», que implicó el traslado de 25 personas recluidas en CERESOS michoacanos a centros penitenciarios federales.
«Estos traslados, fueron llevados a cabo por la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Seguridad, del Sistema Penitenciario. Estas personas presentaban comportamientos de liderazgo negativo, incitación a desórdenes, vínculos delictivos activos y capacidad económica para corromper personal, además de representar un riesgo para la estabilidad de los centros penitenciarios estatales», explicó García Harfuch.
Según las autoridades, la permanencia de estos individuos en cárceles estatales representaba una amenaza por posibles reagrupamientos criminales, motines o presiones colectivas. Durante los movimientos, se implementó un dispositivo de seguridad integrado por 225 elementos de la Guardia Nacional y la SSPC, con escoltas terrestres y perimetrales, así como apoyo aéreo coordinado por la Sedena.
Los reos fueron trasladados en vuelo a cuatro centros federales: el CEFERESO de Durango, el de Nayarit, el de Coahuila y el de Veracruz.
Firma de un Acuerdo Nacional contra la extorsión
En el marco de una reunión del Consejo Nacional de Seguridad, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, se aprobó un Acuerdo Nacional para combatir el delito de Extorsión, con la participación de gobernadores y el Gabinete de Seguridad. La iniciativa contempla la armonización de leyes locales, fortalecimiento del 089 (denuncia anónima), impulso a la profesionalización policial, mejora en métodos de investigación y consolidación del Sistema Nacional de Información.
Desde el arranque de esta estrategia el 6 de julio, se ha registrado la detención de más de 600 personas por extorsión, lo que evidencia una coordinación sostenida entre instancias federales y locales.
