Los órganos encargados de la defensa de los derechos humanos en Coahuila y Durango registraron durante 2024 una intensa actividad, derivada de miles de denuncias ciudadanas que podrían corresponder a violaciones a garantías fundamentales, según el Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal 2025 del INEGI.
Cifras que reflejan una alta demanda ciudadana
Entre ambos estados se acumularon más de 6,500 hechos que presumiblemente infringieron derechos humanos. Coahuila presentó un volumen mayor, con 3,667 hechos documentados, mientras que Durango reportó 2,924. A pesar de la diferencia cuantitativa, ambos escenarios indican una creciente confianza en los mecanismos institucionales de denuncia.
En Coahuila se recibieron 1,549 solicitudes de queja, de las cuales 1,437 fueron admitidas para trámite. Durango, por su parte, recibió 905 solicitudes y aceptó todas. Esto sugiere una política de acceso más inclusivo en la entidad duranguense, aunque con menor carga total de casos.
Perfil de las personas afectadas y carga institucional
En Coahuila se identificaron 2,337 quejosos o agraviados, mientras que en Durango fueron 1,413. La mayoría de los afectados son personas físicas, aunque también se incluyen grupos o colectivos. La atención a estas demandas generó una intensa labor administrativa: en Coahuila se abrieron 3,342 expedientes, de los cuales se calificaron 2,238, se concluyeron 1,533 y quedaron 1,565 pendientes. Durango atendió 1,215 expedientes, todos calificados, de los cuales 933 fueron concluidos y 282 permanecen en trámite.
Estos números evidencian que, pese a los avances en procesamiento, la demanda supera con frecuencia la capacidad de respuesta de las instituciones, especialmente en Coahuila, donde el número de pendientes es elevado.
Acciones de intervención y diferencias operativas
Se observaron disparidades en las estrategias de intervención. Coahuila realizó 108 servicios de acompañamiento y trabajo de campo, que comprendieron visitas a centros penitenciarios y gestiones directas ante autoridades. En contraste, Durango no registró ninguna actividad de este tipo.
En cuanto a medidas de protección, Coahuila solicitó 67 medidas cautelares, promovió 162 conciliaciones y emitió 40 recomendaciones. Durango, por su lado, solicitó 23 medidas cautelares y emitió 10 recomendaciones, pero no se reportaron conciliaciones. Esta ausencia sugiere un enfoque más limitado en la resolución alternativa de conflictos.
Enfoque estatal en la protección de derechos
La mayor parte de los casos fueron atendidos por las comisiones estatales, lo que indica que los conflictos más recurrentes se originan en instancias locales. La participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue menor, reflejando que las problemáticas suelen radicar en el ámbito municipal y estatal.
Los datos revelan que, aunque las instituciones están siendo utilizadas como canales principales de denuncia, su capacidad operativa enfrenta serias limitaciones para atender en tiempo y forma la creciente demanda ciudadana.
