El gobierno de Donald Trump dará un nuevo paso legal para revertir la decisión de una jueza federal que anuló drásticos recortes presupuestales impuestos a la Universidad de Harvard. El Departamento de Justicia presentó formalmente una notificación de apelación en relación con dos casos combinados promovidos por la institución académica y la Asociación de Profesores Universitarios.
Un enfrentamiento por el poder regulatorio
Este caso ha convertido a Harvard, la universidad más antigua y una de las más adineradas del país, en el epicentro de un pulso entre el poder ejecutivo y las instituciones académicas de élite. La administración estadounidense ha sostenido una campaña de presión contra varias universidades, exigiendo reformas internas bajo la amenaza de retirar fondos federales.
En septiembre, la jueza federal Allison Burroughs emitió un fallo determinante: los recortes masivos ordenados por la administración violaron la Primera Enmienda de la Constitución. Argumentó que el gobierno impuso condiciones inconstitucionales al financiamiento y omitió los trámites legales requeridos para sancionar a instituciones educativas por infracciones a derechos civiles.
Acusaciones y motivaciones en debate
La Casa Blanca había justificado la reducción de más de 2 mil 600 millones de dólares en fondos a Harvard alegando que la institución fue lenta al responder sobre casos de sesgo antijudío en su campus. Sin embargo, la jueza Burroughs rechazó esa justificación, afirmando que el antisemitismo estaba siendo utilizado
«como una cortina de humo para un ataque dirigido e ideológicamente motivado contra las principales universidades de este país»
.
La apelación ahora interpuesta representa la primera maniobra oficial del gobierno para revertir el fallo judicial, aunque aún no se han presentado los argumentos legales específicos que sustentarán el recurso.
Postura oficial y responsabilidad institucional
Liz Huston, vocera de la Casa Blanca, defendió la postura gubernamental. En un comunicado, aseguró que
«Harvard no ha protegido a los estudiantes de la discriminación en el campus»
. Además, enfatizó que
«Harvard no tiene derecho a financiamiento de los contribuyentes, y estamos seguros de que la universidad será plenamente responsable de sus fallos»
.
