El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció que elevará a 3,000 dólares el monto de ayuda económica ofrecida a personas extranjeras que se encuentren de forma irregular en el territorio estadounidense y que acepten abandonar el país de manera voluntaria antes de que finalice el año.
Incentivo económico y retorno asistido
Además del estipendio en efectivo, la propuesta incluye el traslado gratuito en avión hacia sus naciones de origen. La medida fue presentada como parte de una estrategia más amplia de control migratorio impulsada por la administración de Donald Trump, quien retomó la presidencia en enero con la promesa de implementar deportaciones masivas.
«Los extranjeros ilegales deben aprovechar este regalo y autodeportarse porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán», declaró en un comunicado la secretaria del DHS, Kristi Noem.
Herramienta digital reconvertida
En marzo, el Gobierno estadounidense lanzó una aplicación bajo el nombre de CBP Home, rediseñada desde la anterior versión conocida como CBP One. Mientras que durante la administración de Joe Biden esta plataforma permitía a los migrantes solicitar acceso legal al país, ahora ha sido adaptada para agilizar los trámites de salida voluntaria.
Según datos del DHS publicados en mayo, el costo promedio asociado a la detención, procesamiento y expulsión forzosa de un migrante sin estatus legal alcanza los 17,000 dólares, lo que justificaría, según las autoridades, la conveniencia económica de ofrecer pagos anticipados para salidas voluntarias.
Escalada en la política migratoria
Hasta la fecha, la administración Trump ha logrado deportar a aproximadamente 622,000 personas durante el año en curso, una cifra por debajo de la meta anual de un millón de expulsiones anunciada por el presidente. No obstante, el Gobierno se alista para intensificar sus operativos en 2026, con la asignación de miles de millones de dólares adicionales destinados a reforzar la vigilancia migratoria.
Entre las acciones previstas figuran la contratación de nuevos agentes fronterizos, la apertura de centros de detención adicionales y la colaboración con compañías privadas especializadas en la localización de personas indocumentadas en el territorio nacional.
