Colectivos de familiares de personas desaparecidas y asesinadas durante el periodo conocido como la Guerra Sucia han solicitado formalmente al gobierno estatal y al Congreso de Guerrero la inclusión de un día conmemorativo en el calendario cívico del estado. Este reconocimiento busca honrar a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad ocurridos entre las décadas de 1960, 1970 y 1980, un periodo marcado por la represión sistemática contra movimientos sociales.
Además, los denunciantes exigen una disculpa oficial por el homenaje rendido al exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, a quien acusan de haber sido responsable directo de múltiples desapariciones y asesinatos, particularmente en las regiones de la Costa Grande y la Sierra del estado. Señalan que dicho reconocimiento representa una ofensa profunda a las familias afectadas.
Demandas por justicia y memoria histórica
Octaviano Gervasio Serrano, representante del colectivo de esposas e hijos de desaparecidos de Atoyac de Álvarez, pidió incluir en el calendario cívico las fechas de nacimiento y defunción de Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas, a quienes definió como luchadores sociales que defendieron condiciones de vida dignas para las comunidades. Ambos líderes fueron clave en movimientos populares en Guerrero.
Denunció que muchos militares responsables de ejecuciones y desapariciones aún gozan de libertad y reciben pensiones pagadas con recursos públicos, lejos de enfrentar procesos de justicia. A más de 50 años de los hechos, persiste la impunidad para cientos de agentes del Estado señalados en violaciones graves a derechos humanos.
Reformas institucionales y pedidos al gobierno federal
Los colectivos también instaron al gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, a impulsar la comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso de la justicia por las violaciones a derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990. Este llamado se basa en el informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, que documentó 8 mil 594 víctimas y reveló los nombres de numerosos responsables militares.
«Exigimos al gobierno de Claudia Sheinbaum impulsar la comisión para el acceso de la verdad el esclarecimiento histórico y el impulso de la justicia por las violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre el 65 al 90.»
En este contexto, las familias de víctimas y sobrevivientes rechazan cualquier acto que glorifique a figuras represoras. Insisten en que los funcionarios que promovieron el homenaje a Rubén Figueroa Figueroa deben ser sancionados y separados de sus cargos, además de exigir una reforma integral del calendario cívico estatal para incluir a quienes realmente lucharon por justicia social.
