Rafael Ornelas Ramos, líder del Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios, Comunidades Indígenas y Afromexicanos y representante de Guía Nacional Indígena Originaria (GNIO), afirmó que el agua no es un bien comercializable ni un recurso sujeto al control estatal, sino un elemento esencial ligado a la vida, la memoria colectiva y el territorio ancestral.
Defensa del agua desde la cosmovisión indígena
Ornelas Ramos subrayó que, para los pueblos originarios, cuidar el agua ha sido una responsabilidad milenaria, anterior a la existencia de gobiernos, leyes o intereses económicos. Por ello, cualquier decisión sobre su manejo sin el consentimiento de estas comunidades constituye, en sus palabras,
«una traición a la Nación, a la naturaleza, a nuestra madre tierra, a nuestra más elemental existencia»
.
El dirigente advirtió que no permitirán que legislaciones impuestas por un grupo reducido de representantes atenten contra la autonomía, autodeterminación y bienestar de sus pueblos, especialmente cuando implican afectaciones a ríos, manantiales y fuentes de agua tradicionales.
Amparos nacionales y rechazo a las reformas
En respuesta a las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales y a la Ley General de Aguas, se presentaron 14 amparos en 12 entidades del país el 29 de diciembre de 2025. Estas acciones legales buscan proteger los derechos constitucionales de las comunidades indígenas frente a lo que consideran una apropiación estatal del agua, que debería ser patrimonio común de todos los mexicanos.
Los pueblos originarios declararon la nulidad de dichas reformas, que otorgan al gobierno en turno el control total sobre el usufructo, aprovechamiento y acceso a las aguas nacionales.
«El agua no es mercancía, no se vende ni controla»
, enfatizó Ornelas.
Derecho a la consulta y autodeterminación
Entre las exigencias planteadas se encuentra el reconocimiento del derecho de los pueblos a decidir sobre el uso de sus territorios y recursos naturales, conforme a sus tradiciones, usos y costumbres. Asimismo, demandan que se les consulte previamente a cualquier legislación que les afecte, respetando la asamblea comunitaria como instancia suprema de toma de decisiones.
Insistieron en que no aceptarán leyes, proyectos o convenios que conviertan el agua en un negocio privado o que impongan beneficios materiales como moneda de cambio por el despojo de sus fuentes hídricas.
«¡Exigimos respeto a nuestro territorio y a nuestros cuerpos de agua, subterráneos y superficiales; exigimos respeto irrestricto a nuestros ríos, pozos, norias, vados, jagueyes, abrevaderos y arroyos! Donde hay agua, hay pueblo. Donde hay despojo y corrupción, hay muerte»
, sentenció el representante indígena.
