En el marco de una sesión legislativa, el diputado Álvaro Moreira Valdés logró la aprobación de un punto de acuerdo dirigido a los ayuntamientos de Coahuila, con el fin de que, en coordinación con instancias estatales, refuercen las estrategias de información y verificación en materia de tenencia de suelo y vivienda. La medida busca brindar seguridad jurídica a las familias y reducir los riesgos de estafas inmobiliarias.
Fortalecimiento de la prevención ciudadana
El creciente interés por establecerse en Coahuila, impulsado por su estabilidad laboral, seguridad y condiciones de vida, ha elevado la demanda de propiedades. Esta dinámica ha generado una mayor búsqueda de opciones económicas en terrenos y viviendas, muchas veces sin el debido conocimiento sobre su estatus legal.
Este vacío informativo ha sido aprovechado para cometer fraudes, principalmente mediante plataformas digitales, donde se ofrecen inmuebles con precios reducidos y sistemas de pago accesibles como táctica de atracción. Las víctimas enfrentan pérdidas económicas severas al descubrir que los predios no están en condiciones legales para la venta.
Redadas de documentación falsa y alertas municipales
Se han detectado casos en los que individuos utilizan papeles adulterados para simular ser dueños de propiedades que no les pertenecen. Frente a esta realidad, el municipio de Saltillo emitió un comunicado de alerta sobre posibles ventas ilegales en diversas colonias. Al mismo tiempo, localidades como Arteaga, Acuña y Piedras Negras han reportado prácticas similares que amenazan el patrimonio de los compradores.
Estos hechos evidencian la necesidad de fortalecer de manera permanente las acciones de prevención, orientación y verificación institucional.
Regularización y atención a familias en situación de irregularidad
Paralelamente, existe un número significativo de familias que, actuando de buena fe, habitan terrenos con irregularidades jurídicas. Para atender esta situación, el Gobierno del Estado, a través de CERTTURC y en conjunto con los municipios, ha desarrollado programas de regularización mediante mesas de diálogo, campañas informativas y acciones específicas que permiten proteger el patrimonio familiar y respetar los derechos de terceros.
Estos espacios han demostrado ser eficaces y requieren ser ampliados. Se hace imperativo que, a través de los ayuntamientos y con el apoyo de las autoridades estatales, se intensifiquen las campañas educativas sobre cómo adquirir inmuebles de manera legal, así como los canales para atender a quienes ya enfrentan problemas de tenencia, priorizando un enfoque preventivo, social y de seguridad jurídica.
Estos hechos evidencian la necesidad de fortalecer de manera permanente las acciones de prevención, orientación y verificación institucional, a fin de evitar la comisión de ventas ilegales que afecten a la ciudadanía.
