A más de un mes de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que despenalizó el aborto en Tlaxcala, únicamente dos de los 13 hospitales estatales cuentan con áreas especializadas para realizar interrupciones voluntarias del embarazo. La falta de instrucciones oficiales por parte de las autoridades sanitarias ha generado que la mayoría de los centros médicos continúen negándose a atender estos casos, alegando que aún no cuentan con protocolos institucionales, limitándose únicamente a atenciones por violación o riesgo para la salud.
Acceso limitado y necesidad de atención integral
Rosario Texis Zúñiga, líder de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser-Tlaxcala), detalló que, aunque la Corte ya emitió su resolución, los hospitales no han implementado los cambios necesarios. Hasta ahora, solo el Hospital Regional de Tzompantépec y el Comunitario de Apizaco han confirmado su disposición para brindar el servicio.
“debido a que comentan que todavía no tienen la indicación institucional para realizar abortos voluntarios, solamente por causal de violación o salud”.
Texis Zúñiga exigió que las autoridades sanitarias ajusten sus procedimientos, equipen las unidades médicas y capaciten al personal para que los 13 hospitales del estado ofrezcan atención legal, segura y digna. Destacó que se requiere disponer de medicamentos esenciales como mifepristona y misoprostol, así como de herramientas para la aspiración endouterina, eliminando prácticas riesgosas como el legrado.
Garantizar derechos y eliminar objeciones morales
La activista subrayó que todas las instituciones deben garantizar el acceso a este derecho sin dilaciones. Rechazó que el personal médico pueda ampararse en la objeción de conciencia, práctica que considera una forma de discriminación que obstaculiza el cumplimiento de la ley. Aunque el Congreso local aún debe armonizar las leyes de salud y el Código Penal con la sentencia, señaló que no existe un plazo definido para ello, ya que la notificación oficial de la resolución por parte de la SCJN podría tardar varias semanas.
Insistió en que el derecho a abortar ya es vigente, independientemente de las modificaciones legislativas pendientes, y que los servicios de salud deben adaptarse de inmediato bajo modelos integrales como el de la Ciudad de México, que garantizan entornos seguros y con enfoque de género.
Un derecho humano, no una imposición
Resaltó que este proceso no obliga a nadie a interrumpir un embarazo, sino que busca que las mujeres decidan libremente sobre su maternidad.
“es un tema de derechos, no religioso, no moral ni ético; esta ley no obliga a nadie a abortar, más bien, queremos que las mujeres tengan hijos amados, deseados y en libertad de decidir ser madres, y que las que decidan abortar que lo hagan en las mejores condiciones, para lograr un aborto seguro y protegido, y sobre todo salvemos las vidas de las mujeres, que para nosotros es lo que importa”.
Además, destacó que ya no existe un límite de semanas para decidir, pues la decisión recae completamente en la persona gestante. Acompañó este avance con la necesidad de transformar discursos y prácticas institucionales que aún criminalizan o estigmatizan la interrupción voluntaria.
Acciones de vigilancia y acompañamiento continuo
Ddeser-Tlaxcala mantiene su compromiso de acompañar a mujeres que requieren el servicio y de exigir el cumplimiento de la sentencia. La organización advirtió que, como parte de la sociedad civil, realizará acciones de exigencia pública frente a la resistencia institucional. Asimismo, recordó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) tiene atribuciones para promover medidas de urgencia médica en casos donde se niegue la atención.
El 2 de diciembre de 2025, la SCJN resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 89/2024, declarando inválidas disposiciones de la Ley de Salud y del Código Penal de Tlaxcala que impedían el acceso al aborto, especialmente para víctimas de violencia sexual o familiar. La Corte determinó que no puede condicionarse la atención médica a la apertura de una investigación penal.
