El secretario de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, Francisco Sánchez González, reveló que el traslado de Javier N. al Centro Federal de Readaptación Social número uno, conocido como El Altiplano, no se ha concretado debido a maniobras procesales empleadas por su defensa. A pesar de haber sido sentenciado a 60 años de prisión por el feminicidio de la activista Cecilia Monzón, el reo aún permanece en el Centro de Reinserción Social de Puebla, conocido como San Miguel.
Presión oficial y familiar por el traslado
La hermana de la víctima, Helena Monzón, quien ha seguido de cerca el proceso judicial, aseguró que no existe impedimento legal para que Javier N. sea trasladado de inmediato. A través de una publicación en redes sociales, enfatizó que el motivo de su permanencia en Puebla era el juicio, el cual ya concluyó.
«Yo tengo clarísimo que puede irse ya, cuando así lo determinen las autoridades. La razón para estar en Puebla era el juicio y ya ha concluido; nunca ha sido que tenga que estar en Pue hasta que se le agoten todos los recursos del universo. Y lo sé porque he leído las resoluciones. ¿O qué, se va sujetar la seguridad del Estado a la voluntad dilatoria de la defensa de Javier López Zavala?»
Sánchez González reiteró que la SSP mantiene como prioridad el traslado del sentenciado, a quien calificó como un interno «problemático». Aunque se esperaba su reubicación desde la semana anterior al penal de máxima seguridad en Almoloya, Estado de México, diversas maniobras procesales han retrasado la ejecución del movimiento penitenciario.
Condena por feminicidio y cómplices sentenciados
El 31 de diciembre de 2025, el Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial de Puebla dictó una pena de 60 años de prisión contra Javier N., identificado como autor intelectual del asesinato de Cecilia Monzón, ocurrido el 21 de mayo de 2022. El caso, que tuvo una duración de tres años en juicio, también derivó en sentencias idénticas para sus cómplices, Jair N. y Silvestre N., responsables materiales del crimen.
Las autoridades poblanas han señalado que el sentenciado goza de condiciones privilegiadas en el Cereso de Puebla, lo que ha generado presión para su inmediata reclusión en un centro federal de máxima seguridad. El gobierno estatal insiste en que, una vez superadas las últimas figuras legales promovidas por su defensa, el traslado se llevará a cabo de forma inmediata.
