Los trágicos casos de Rosa, Daryela y Rosaura comparten una dolorosa constante: cada una fue víctima de violencia extrema, denunció a su agresor y solicitó apoyo a las autoridades. A pesar de ello, las instituciones encargadas de garantizar su seguridad no actuaron a tiempo. Todas fueron asesinadas después de haber advertido que sus vidas corrían peligro.
El grito que nadie escuchó
«¡Regresa conmigo porque si no te voy a mandar matar! ¡Te voy a mandar matar…! ¡Te voy a mandar matar…!». Estas palabras, repetidas como un eco aterrador, resuenan en el relato de Daryela, quien vivió bajo amenazas constantes de su expareja. A pesar de haber presentado denuncias y llamado al 911 en múltiples ocasiones, no recibió la protección necesaria. Su miedo, expresado con claridad, no fue suficiente para activar una respuesta efectiva por parte de las autoridades.
El 15 de enero de 2023, Daryela fue asesinada en el domicilio de su agresor, Honorio, quien fue detenido cubierto de sangre tras fingir que un desconocido había cometido el crimen. La causa de muerte fue «heridas punzocortantes penetrantes del cuello». A pesar de que había medidas de protección vigentes, no fueron notificadas correctamente ni cumplidas, debido a errores administrativos y falta de vigilancia real.
Rosa: una huida infructuosa
Rosa comenzó a sufrir violencia desde que inició una relación en Pachuca en 2018. Tras ser golpeada, apuñalada y sometida a abuso sexual, intentó huir en múltiples ocasiones, llegando a pedir ayuda en cuatro estados del país. En enero de 2019, fue hospitalizada en Zitácuaro, Michoacán, con una perforación en el pulmón. Su madre recibió la llamada de los bomberos: «Va muy grave».
Aunque fue trasladada a un refugio en Guanajuato, decidió salir tras conflictos con la administración. Continuó buscando ayuda en Jalisco, incluso acudiendo a la Secretaría de Igualdad, sin obtener respuesta. Sus compañeros de trabajo confirmaron que vivía con miedo constante, que su agresor la perseguía y que temía por su vida. «Ella publicó en Facebook que si no se comunicaba, era porque ya no estaba viva», reveló un compañero.
El 24 de octubre de 2019, Rosa fue encontrada sin vida en el cuarto que rentaba, con signos de asfixia. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió la recomendación 178/2020, señalando la violación de sus derechos a la vida, a la justicia y a la debida diligencia. Incluso después de su muerte, una institución le llamó a su madre ofreciendo apoyo: «ya para qué», fue la respuesta.
Rosaura: la justicia que la dejó sola
Rosaura denunció dos veces a Marco Antonio, expolicía y exmilitar, por violencia familiar y privación ilegal de la libertad. A pesar de estar vinculado a proceso, fue liberado bajo medidas cautelares que no se cumplieron. La jueza encargada determinó su libertad condicional, aunque Rosaura advirtió directamente: «me puede matar».
Tras su salida de prisión, Marco Antonio continuó hostigándola, incluso con apoyo de patrullas oficiales, según testigos. El 5 de febrero de 2025, ingresó a su domicilio en Azoyatla, Hidalgo, y asesinó a Rosaura, su madre y su hermano. El hijo de ocho años de Rosaura fue testigo del crimen. Las autoridades, tras investigaciones internas, concluyeron que no hubo fallas en sus actuaciones.
«Decidieron que tenía que quedar en libertad el señor. ¿Para qué? ¿Para exponer a toda una familia?», denunció una compañera de trabajo ante funcionarios. El asesino fue detenido tras intentar suicidarse. A un año del crimen, la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo aún no ha emitido resolución.
Legado de dolor y exigencia de justicia
La madre de Daryela, Elvira Rocha, continúa su lucha por justicia. En enero de 2025, Baja California aprobó la «Ley Daryela», que obliga a la capacitación en perspectiva de género para servidores públicos y exige un seguimiento riguroso a las denuncias por violencia. A pesar de las reformas, los procesos legales contra sus agresores siguen estancados.
Los casos de Rosa, Daryela y Rosaura no son aislados. Son ejemplos de cómo el sistema falla una y otra vez a las mujeres que piden ayuda. Denunciaron. Suplicaron. Advertieron. Pero el Estado no intervino a tiempo. Tres feminicidios que podrían haberse evitado.
