El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha intensificado su estrategia contra los cárteles de drogas mexicanos al enfocarse directamente en sus redes financieras, particularmente en intermediarios que facilitan el lavado de dinero a través de criptomonedas y otros mecanismos opacos. Este enfoque busca desmantelar las estructuras económicas que sostienen a organizaciones como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, responsables de inundar comunidades estadounidenses con drogas altamente peligrosas.
Enfoque en los operadores financieros
En lugar de centrarse únicamente en el tráfico físico de drogas, las autoridades estadounidenses están dirigiendo sus esfuerzos hacia los operadores que canalizan las ganancias del narcotráfico desde ciudades de EE.UU. hacia líderes del crimen organizado en México. Estos intermediarios, según documentos judiciales, recolectan grandes cantidades de efectivo en distintas localidades estadounidenses y lo ocultan para cruzarlo a través de la frontera, ya sea en forma física o mediante activos digitales.
«Si cortas el dinero, dañas a los cárteles, y eso es lo que tratamos de hacer», afirmó A. Tysen Duva, fiscal general adjunto a cargo de la división penal del Departamento de Justicia.
Extradiciones y estrategia legal escalonada
Desde que comenzó el segundo mandato del presidente Donald Trump, México ha transferido a más de 90 acusados vinculados a cárteles a territorio estadounidense en tres movimientos masivos, uno de los cuales, realizado en enero, incluyó a 37 individuos. Entre ellos figuran presuntos operadores financieros como Eduardo Rigoberto Velasco Calderón, Eliomar Segura Torres, Manuel Ignacio Correa y César Linares Orozco, quienes enfrentan cargos de conspiración para lavar dinero en tribunales federales de Kentucky.
Estas transferencias, aunque celebradas por EE.UU., han generado controversia en México. Un grupo de abogados y familiares de los acusados ha denunciado que las entregas violan el marco legal al realizarse sin órdenes de extradición formales. No obstante, el gobierno mexicano argumenta que las acciones son legales y responden a intereses de seguridad nacional.
Cooperación forzada y nuevas tácticas
Las autoridades estadounidenses esperan que, al presionar a estos intermediarios, algunos de ellos puedan colaborar y facilitar pruebas contra líderes de más alto nivel dentro de las organizaciones criminales. Duva destacó que los fiscales buscan entender tanto la distribución de drogas como los mecanismos específicos de lavado: «Hay contrabando de dinero en efectivo a granel que ha ocurrido desde el principio de los tiempos, y también está la nueva tendencia de tomar el efectivo, comprar criptomonedas y luego comerciar con ellas».
La administración Trump ha reorganizado internamente la División Criminal del Departamento de Justicia, integrando equipos especializados en narcóticos con expertos en delitos financieros, con el objetivo de atacar de forma más eficaz los sistemas que permiten la supervivencia de los cárteles.
