El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Rafael Micalco Méndez, denunció que existe un supuesto veto gubernamental contra las iniciativas presentadas por la oposición en el Congreso del estado de Puebla. Afirmó que ninguna de sus 26 propuestas ha sido discutida o aprobada en las comisiones legislativas, lo que atribuye a su postura crítica considerada «incómoda» por el Poder Ejecutivo estatal, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier.
Presión política y control legislativo
Según Micalco Méndez, su posición de cuestionamiento constante hacia el gobierno local ha derivado en una especie de censura legislativa.
¿Quién es el que habla del gobierno estatal? ¿Quién es el que cuestiona? ¿Quién pone el dedo en la llaga? Un servidor, entonces, debido a que soy incómodo para el gobierno del estado y, como el gobierno del estado maneja el Congreso, estoy vetado o hay una instrucción para que no pasen
, declaró el legislador.
El panista también señaló que esta situación no solo lo afecta a él, sino también a otras figuras de la oposición, como la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyas propuestas han sido ignoradas por su postura crítica hacia el gobierno de Morena y su bloque aliado, conocido como la Cuarta Transformación (4T).
Iniciativas congeladas y reformas pendientes
Durante la sesión del jueves, Micalco entregó un documento a la Mesa Directiva del Congreso para exigir que se analicen sus iniciativas pendientes. Entre ellas destaca una propuesta para derogar el delito de ciberasedio del Código Penal poblano, figura penal que ha sido cuestionada en múltiples ocasiones ante tribunales federales. Hasta la fecha, se han otorgado al menos cinco amparos por considerar que el delito es ambiguo y potencialmente inconstitucional.
Otra de sus iniciativas busca establecer un proceso más transparente para la designación de un gobernador sustituto en caso de vacancia. La reforma plantea la emisión de una convocatoria pública y evaluaciones por parte de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, medida que considera necesaria tras la experiencia de 2022, cuando se definió la sucesión tras el fallecimiento de Miguel Barbosa Huerta.
