Un informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha expuesto un sistema de explotación masiva en el sudeste asiático, donde cientos de miles de personas son sometidas a torturas, violaciones y condiciones de esclavitud en centros dedicados a estafas en línea. Estas operaciones, que generan ingresos anuales de hasta 64 000 millones de dólares, funcionan como verdaderas prisiones privadas donde se cometen abusos sistemáticos.
Una industria criminal a gran escala
El documento, titulado Un problema perverso, señala que al menos 300 000 personas están atrapadas en esta red delictiva, principalmente en la región del Mekong, donde el 74 % de los complejos fraudulentos están concentrados. Estas instalaciones, muchas de ellas de gran tamaño y con infraestructuras completas como supermercados, casinos y burdeles, operan con total impunidad en zonas fronterizas, ciudades y áreas económicas especiales.
Las víctimas, reclutadas con falsas promesas de empleo, son trasladadas a estos centros donde se les retienen los documentos, se les aísla del mundo exterior y se les obliga a cometer fraudes digitales. Entre las estafas más comunes se encuentran los engaños románticos, el fraude con criptomonedas, la suplantación de identidad y el blanqueo de dinero a través de cuentas de terceros y transacciones digitales complejas.
Torturas y violencia sistemática
El informe detalla un patrón de violencia extrema como método de control. Las reuniones matutinas incluían castigos públicos para quienes no alcanzaban las cuotas de estafa.
«Las reuniones matutinas a menudo incluían torturas públicas a los equipos con bajo rendimiento, como advertencia para los demás»
, señala el texto.
Los testimonios recogidos incluyen relatos de personas sumergidas en «prisiones de agua» durante horas, confinamiento en celdas oscuras por días y jornadas laborales de hasta 19 horas diarias. La privación de alimentos y del sueño era común. Una víctima relató que su grupo no recibió casi nada de comida durante 15 o 20 días y quedó tan debilitado que
«ni siquiera podíamos mantenernos en pie»
.
Abusos sexuales y explotación reproductiva
El informe destaca un aumento en los abusos sexuales desde 2024. Mujeres han sido sometidas a violaciones, prostitución forzada y abortos obligatorios. Doce mujeres liberadas en Myanmar reportaron haber sido violadas y quedado embarazadas, mientras que una superviviente filipina embarazada sufrió electrocuciones y golpes. Hombres también denunciaron humillaciones y agresiones sexuales.
Además, se obligaba a algunas víctimas a presenciar o participar en los abusos contra sus compañeros. Un hombre de Bangladesh afirmó que le obligaron a golpear a sus colegas; a una víctima de Ghana le obligaron a ver cómo golpeaban a su amigo.
Deudas ficticias, rescates y corrupción
Los reclutadores prometían salarios altos, pero una vez dentro, las víctimas enfrentaban deducciones arbitrarias, multas y deudas crecientes. Una víctima tailandesa relató que debía generar 9500 dólares diarios en ganancias fraudulentas para evitar ser vendida a otro centro o golpeada.
En muchos casos, las familias eran extorsionadas con videollamadas en las que se mostraba a sus seres queridos siendo maltratados. Se exigían rescates de decenas de miles de dólares para su liberación.
El informe también revela vínculos entre las redes criminales y funcionarios públicos. Las víctimas describieron cómo agentes de inmigración facilitaban su paso y cómo policías recibían pagos directos de los gerentes de los centros.
«La corrupción está profundamente arraigada»
, advierte la ACNUDH.
Castigo a las víctimas y necesidad de justicia
A pesar de operativos que han liberado a miles de personas —como la redada de febrero de 2025 en la frontera entre Tailandia y Myanmar, donde fueron rescatadas unas 7000—, muchos centros reanudan sus actividades o se trasladan. Además, las víctimas liberadas enfrentan nuevos riesgos: detención migratoria, multas o procesos penales por delitos que cometieron bajo coacción.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, enfatizó la necesidad de aplicar el principio de no castigo:
«Las respuestas eficaces deben centrarse en las leyes y normas de derechos humanos»
. Destacó que es fundamental reconocer la criminalidad forzada en las leyes contra la trata.
Los sobrevivientes regresan a sus hogares con secuelas psicológicas severas, como depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático. Muchos enfrentan estigmatización, amenazas de reclutadores y cobradores de deudas, y algunos consideran abandonar sus países para escapar del trauma.
