El máximo tribunal de Estados Unidos emitió un fallo histórico el 20 de febrero, declarando inconstitucionales los aranceles impuestos en 2025 bajo la Ley de Poderes Económicos Especiales de Emergencia (IEEPA). Por un margen de 6 a 3, el tribunal concluyó que el Poder Ejecutivo traspasó sus límites al emplear facultades de emergencia para establecer medidas arancelarias de carácter general, una competencia que, según la Constitución estadounidense, corresponde exclusivamente al Congreso.
Repercusiones en el poder presidencial
El veredicto reafirma que el Ejecutivo solo puede actuar en materia comercial cuando el Congreso le delega expresamente esas atribuciones. No obstante, el fallo no afecta otras herramientas arancelarias ya en vigor, como las basadas en la Sección 232, que se justifican bajo el argumento de seguridad nacional. La Casa Blanca, en respuesta, anunció que recurrirá a otras disposiciones legales para mantener restricciones a las importaciones.
Entre las medidas previstas destaca la imposición de un arancel global del 10% bajo la Sección 122, que permite limitar importaciones por desequilibrios en la balanza de pagos. Además, se prevén nuevas investigaciones bajo las Secciones 232 y 301, así como la posible aplicación de la Sección 338 contra países que discriminen el comercio estadounidense. Aún no se define cómo se devolverán los 175 mil millones de dólares recaudados por los aranceles ahora anulados.
Impacto en las relaciones comerciales con México
Para México, la decisión implica la eliminación del arancel del 25% aplicado a productos que no cumplen con las reglas del T-MEC. El nuevo gravamen del 10% bajo la Sección 122 solo afectará a aquellos bienes que no cumplan con el tratado, lo que mantiene una ventaja relativa para los productos mexicanos en el mercado estadounidense. Sin embargo, los aranceles vigentes bajo la Sección 232 seguirán aplicándose y no se verán afectados por esta medida.
Estos incluyen gravámenes del 25% a automóviles, camiones y autopartes (excepto el contenido estadounidense), del 50% al acero, aluminio y cobre, y del 10% a madera aserrada y gabinetes de cocina. A pesar del fallo, estos sectores estratégicos continuarán bajo presión arancelaria.
Implicaciones institucionales y políticas
Institucionalmente, el fallo fortalece la certidumbre jurídica en la región al delimitar el poder del Ejecutivo en materia comercial. Establece un precedente que limita la discrecionalidad presidencial y refuerza el Estado de derecho, enviando una señal clara a socios comerciales y mercados internacionales.
En un año electoral en Estados Unidos, donde se renovará la Cámara de Representantes y parte del Senado, el fallo añade un componente político sensible. Aunque no altera la orientación general de la política comercial de la administración Trump, sí restringe su margen de acción, lo que podría complicar futuras decisiones unilaterales en el ámbito comercial.
