El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente permanece sin clases debido a la toma ilegítima de sus instalaciones por parte de un grupo compuesto por estudiantes irregulares y personas identificadas como porros, quienes impidieron el levantamiento del paro escolar acordado por la asamblea estudiantil y las autoridades universitarias.
Interrupción de acuerdo por grupos externos
Tras haberse alcanzado un consenso en la cuarta mesa de diálogo —donde se atendieron todas las demandas del pliego petitorio relacionadas con la seguridad del plantel—, se había pactado el regreso a clases. Este acuerdo buscaba evitar mayores afectaciones a los estudiantes que requieren presentar exámenes extraordinarios. No obstante, el proceso se vio frustrado cuando individuos ajenos al funcionamiento regular del colegio, incluidos alumnos dados de baja o sin inscripción vigente, irrumpieron en las instalaciones.
Estos grupos cuestionaron los acuerdos alcanzados y se negaron a permitir la entrega formal del plantel, a pesar de que los estudiantes que originaron el paro habían decidido levantarlo. Testimonios de miembros de la asamblea denuncian que estos actores no representan a la comunidad estudiantil y que su intervención responde a intereses ajenos a la seguridad escolar.
Denuncias de violencia y toma ilegal
Antes de que se concretara la entrega del plantel, la situación se volvió tensa. El grupo radical respondió con agresividad, logrando romper la mesa de diálogo y quedándose dentro de las instalaciones. Alumnos que participaron en el paro original expresaron su rechazo a esta intervención, calificándola como una manipulación de su lucha por parte de «porros» y hombres que se presentan como padres de familia sin acreditarlo.
Un video difundido en redes sociales muestra a un hombre cerrando violentamente una de las rejas del plantel mientras exclama:
«no es un juego, es política»
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Postura de las autoridades universitarias
La dirección del CCH Oriente emitió un comunicado en el que señaló que la actual ocupación del plantel constituye una toma ilegítima, ya que no fue precedida por una asamblea formal, consulta comunitaria ni presentación de un pliego petitorio. Además, advirtió que quienes mantienen la toma serán responsables de los daños ocasionados en las instalaciones, entre ellos la presunta destrucción de cámaras de vigilancia.
El conflicto se originó la semana anterior como respuesta al ataque sufrido por una alumna afuera del plantel el 13 de febrero, un caso que detonó la exigencia de mayor seguridad. Aunque las autoridades atendieron estas demandas, la escalada de violencia y la intromisión de actores externos han impedido la normalización de actividades.
