La eliminación de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como «El Mencho», cabeza del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), desencadenó una oleada de violencia en más de 20 entidades del país y provocó severas repercusiones económicas que ya generan alarma entre el sector privado.
Impacto en la economía nacional
El operativo federal del domingo 22 de febrero, que culminó con la muerte del capo, fue calificado como un punto de inflexión en la estrategia contra el crimen organizado. Sin embargo, las consecuencias colaterales se han manifestado en pérdidas económicas significativas, afectando comercios, servicios y actividades turísticas en múltiples regiones.
Según datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), aproximadamente 1 millón de negocios fueron impactados por los disturbios posteriores. Las pérdidas directas se estiman entre 1,500 y 2,000 millones de pesos, derivadas de cierres preventivos, daños a infraestructuras y bloqueos en rutas logísticas esenciales.
Daños en empleo y sectores estratégicos
Se calcula que los establecimientos afectados generan empleo para cerca de 4.8 millones de personas, lo que amplifica el impacto económico a nivel social. Las zonas más golpeadas incluyen Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Colima, donde la intensidad de los actos violentos interrumpió gravemente la actividad económica.
Además, sectores clave como el turismo y el transporte de mercancías sufrieron una parálisis temporal. Esta situación agravó las cadenas de suministro y redujo el flujo de clientes, en un contexto ya marcado por la inestabilidad y la inseguridad en diversas partes del país.
Llamado a la acción coordinada
Frente a esta crisis, organizaciones empresariales han exigido una respuesta inmediata del gobierno y de las aseguradoras para apoyar a los afectados. La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado directo a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) para que intervenga con apoyo a comerciantes y automovilistas perjudicados.
«Sería muy bueno que la Asociación de Seguros (AMIS) hiciera todo lo necesario para poder apoyar a la gente», expresó la mandataria desde Palacio Nacional, al señalar que es momento de actuar con responsabilidad social.
Mientras que algunos analistas confían en que este golpe al CJNG podría traducirse en beneficios futuros en materia de seguridad, el sector privado mantiene una postura de alerta debido a la volatilidad económica y el aumento en la percepción de riesgo que afecta la inversión y el consumo.
