La igualdad ante la ley es un derecho humano esencial, pero millones de mujeres en todo el mundo aún enfrentan barreras profundas para acceder a la justicia. A nivel global, las mujeres solo cuentan con el 67 % de las protecciones legales que tienen los hombres. Incluso cuando las leyes son iguales, su aplicación no siempre genera resultados equitativos, dejando a muchas fuera del alcance real de la justicia.
Sistemas judiciales más inclusivos
Los sistemas de justicia deben ser diseñados para ser verdaderamente inclusivos y garantizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos sin obstáculos. Aunque se han logrado avances, ningún país ha eliminado completamente las brechas en marcos jurídicos, participación política, protección contra la violencia, oportunidades económicas o derechos familiares. Más de la mitad de las naciones aún presentan deficiencias en todos estos frentes.
En contextos de crisis o conflicto, los derechos de las mujeres son frecuentemente los primeros en verse afectados. Fortalecer los tribunales y los servicios de asistencia legal no solo mejora la resiliencia institucional, sino que asegura que las mujeres no queden desprotegidas en momentos críticos. Con apoyo de Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido, el PNUD y ONU Mujeres lanzaron la Plataforma de Justicia de Género, que ya ha permitido que más de 300.000 personas, mayormente mujeres, accedan a servicios de justicia y seguridad.
Liderazgo femenino en la justicia
La mayor presencia de mujeres en todos los niveles del sistema judicial —como juezas, abogadas y formuladoras de políticas— fortalece la legitimidad institucional, mejora la equidad en las decisiones y genera mayor confianza pública. Tras los conflictos, su participación es clave para lograr acuerdos de paz más duraderos y procesos de recuperación más inclusivos.
El Sello de Igualdad de Género del PNUD reconoce avances concretos en políticas y servicios públicos en 36 países, apoyando a 117 instituciones. Próximamente se lanzará una plataforma que monitoreará la representación femenina en tribunales y otros espacios clave en más de 120 naciones. Además, la iniciativa Equanomics trabaja con casi 30 países para promover presupuestos públicos sensibles al género, asegurando que las inversiones fortalezcan la igualdad y la justicia.
Reformas legales y eliminación de discriminación
En muchas partes del mundo, las leyes aún perpetúan desigualdades: niñas pueden casarse legalmente antes de los 18 años, las definiciones de violación no se basan en el consentimiento, y más de 45 países mantienen disposiciones que discriminan por género. En 61 naciones, existen leyes que impiden a las mujeres desempeñar ciertos trabajos que sí pueden realizar los hombres.
Las reformas legales tienen un impacto profundo: las modificaciones en derecho familiar desde 1970 han generado oportunidades económicas para más de 600 millones de mujeres. Tras la Plataforma de Beijing en 1995, 162 países adoptaron leyes contra la violencia doméstica y 147 implementaron salvaguardias contra el acoso laboral. Sin embargo, sin implementación ni rendición de cuentas, incluso las leyes más avanzadas pueden quedar en papel mojado.
«Rendir justicia a las mujeres implica lograr que esta responda verdaderamente a las mujeres; es el pilar del desarrollo humano, el crecimiento sostenible y la igualdad de género.»
Acceso comunitario y justicia informal
En Yemen, donde el 80 % de los conflictos se resuelven mediante mecanismos comunitarios, el PNUD ha apoyado a mujeres mediadoras y asesoras legales para fortalecer estos espacios. Con respaldo de Alemania y los Países Bajos, estas mujeres han resuelto hasta 3.000 casos, desde disputas familiares hasta conflictos por tierras, promoviendo un sistema de justicia más inclusivo.
En Sudán del Sur, el Parlamento aprobó leyes que aseguran la participación de mujeres, incluidas sobrevivientes de violencia sexual, en órganos clave de justicia transicional. Las consultas de la Plataforma de Justicia de Género garantizaron que sus voces fueran escuchadas en la redacción de las normas.
Justicia en entornos digitales y rurales
En Pakistán, el PNUD colabora con el gobierno para fortalecer leyes contra la violencia de género digital, incluyendo el ciberacoso y la pornografía de ultrafalsificación. La iniciativa reúne a instituciones gubernamentales, judiciales, policiales y de la sociedad civil para proteger la participación segura de las mujeres en espacios virtuales.
En Tanzanía, el Gender Bench Book, desarrollado con apoyo de Suecia, sirve como guía práctica para jueces y funcionarios judiciales, ayudándoles a aplicar mejor los derechos de las mujeres. En Haití, tribunales móviles llevan justicia a zonas remotas, reduciendo la impunidad por violencia sexual y promoviendo cambios sociales.
Desafíos estructurales y empoderamiento
El estigma, el miedo, la pobreza, la falta de educación y las barreras lingüísticas limitan el acceso de las mujeres a la justicia. Menos de una de cada cinco sobrevivientes de violencia de género accede a la justicia formal. En comunidades donde persiste la mutilación genital femenina, aunque existan leyes que la prohíban, su aplicación es desigual.
Superar estas barreras requiere transformaciones sociales, económicas y culturales profundas. Invertir en educación, infraestructura y autonomía económica permite a las mujeres reclamar sus derechos y participar plenamente. Estos cambios no son fines en sí mismos, sino condiciones necesarias para construir sociedades más justas, estables y prósperas.
