La senadora Mely Romero Celis dio a conocer que, en coordinación con la Confederación Nacional Campesina (CNC), se llevará a cabo una acción legal para respaldar a ejidatarios de Manzanillo que enfrentan incrementos excesivos en el pago del impuesto predial. La medida busca proteger a quienes han sido impactados por ajustes que, en algunos casos, superan en un 100% e incluso alcanzan niveles cercanos al 1000% respecto a los montos de 2025.
Reunión con productores y comisariados ejidales
El anuncio fue realizado durante un encuentro con comisariados ejidales y productores locales, desarrollado en el jardín de Santiago. En el diálogo, Romero Celis detalló que los afectados han denunciado un cambio abrupto en la valuación de sus terrenos, consecuencia de modificaciones a la Ley de Hacienda Municipal de Manzanillo. Dicha reforma eliminó un artículo clave que establecía un régimen especial para el cálculo del predial en tierras ejidales.
Como resultado, las autoridades municipales comenzaron a clasificar estos predios como rústicos, lo que ha derivado en cobros significativamente más altos. La legisladora subrayó que esta clasificación es incorrecta, ya que los terrenos ejidales forman parte de la propiedad social regulada por la legislación agraria, distinta a la de los predios rústicos.
Defensa legal y protección de derechos
Frente a esta situación, se activará una estrategia jurídica a través de la CNC para presentar juicios de amparo en defensa de los campesinos.
«Se impulsará una estrategia jurídica para promover amparos en favor de ejidatarios de Manzanillo que han denunciado incrementos desproporcionados en el pago del impuesto predial»
, afirmó Romero Celis.
Además, hizo un llamado a quienes ya hayan cubierto el impuesto bajo estos nuevos criterios a acercarse a sus autoridades ejidales o a la CNC, a fin de revisar cada caso y determinar las acciones legales pertinentes, incluyendo posibles devoluciones o impugnaciones.
Cuestionamiento al criterio de valuación
La senadora cuestionó la justificación oficial del aumento, basado en el supuesto incremento del valor de los terrenos por su proximidad a actividades logísticas del puerto de Manzanillo.
«Muchas de estas parcelas continúan siendo utilizadas para actividades agrícolas, por lo que no deberían ser valuadas como si se tratara de terrenos con uso industrial o logístico»
, expresó.
Finalmente, Romero Celis urgió al Congreso del Estado a analizar las consecuencias de la reforma fiscal municipal, con el fin de proteger a los productores cuya economía depende directamente de la tierra y evitar afectaciones injustas derivadas de una interpretación inadecuada de la norma.
