La ola de violencia en Sinaloa concluyó este lunes 30 de septiembre con un saldo de siete asesinatos, 10 secuestros exprés conocidos como ‘levantones’ y 22 vehículos robados mediante el uso de la fuerza. Esta escalada delictiva no solo evidencia el deterioro de la seguridad, sino que se agrava con una práctica que ha generado indignación: las personas que logran recuperar sus unidades son obligadas a pagar por trámites y servicios asociados a su resguardo.
Un sistema que revictimiza
Quienes sufren el robo violento de sus automóviles enfrentan no solo el trauma del asalto, sino también una carga económica adicional al tener que cubrir costos de grúa, corralón, almacenaje, maniobras e incluso multas al reclamar sus vehículos. Esta política recaudatoria, lejos de aliviar a las víctimas, profundiza su sufrimiento y expone la indiferencia de instituciones que tratan a las personas como fuentes de ingresos más que como ciudadanos en necesidad de protección.
«Recalca la insensibilidad del gobierno que ve sólo números en las personas, familias y empresas afectadas por la crisis de la seguridad pública», señala el texto original, al denunciar que funcionarios se benefician indirectamente de la inseguridad que ellos mismos no han podido contener.
Una propuesta para detener la revictimización
Ante esta situación, el Consejo Intercamaral de Culiacán ha presentado una iniciativa ante la 65 Legislatura del Congreso del Estado. La propuesta busca reformar el Código Penal y la Ley de Hacienda de Sinaloa para eliminar los cobros obligatorios en los casos de vehículos recuperados tras un despojo violento. La justificación es clara: quienes ya han sufrido un daño patrimonial no deben enfrentar un nuevo desembolso económico, lo cual constituye una forma de revictimización.
«La iniciativa presentada por el Consejo Intercamaral de Culiacán ante la 65 Legislatura del Congreso del Estado atiende el sentir de sinaloenses que como si fuera poca la indefensión vivida durante año y medio de la llamada narcoguerra, la agudizan con acciones de tipo monetario que refrendan negocios hechos con el desamparo a la población».
Fallas estructurales en la seguridad pública
El estado de Sinaloa ha sido escenario de una profunda crisis de seguridad, especialmente agravada por el enfrentamiento entre facciones del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, el problema no es nuevo ni exclusivo de este periodo. Las autoridades estatales y municipales han sido constantemente cuestionadas por su incapacidad para garantizar la protección de la vida y los bienes de los ciudadanos.
En lugar de corregir estas fallas, el sistema actual parece aprovechar la vulnerabilidad ciudadana para incrementar ingresos públicos. «Aumentar la recaudación de recursos públicos a través de esquilmar más a víctimas de la violencia exhibe la burda noción de autoridades de mentalidad gerencial que en vez de servir a los ciudadanos se sirven de ellos», se afirma en el texto original, en una crítica directa al enfoque burocrático y deshumanizado de las instituciones.
