La senadora Ana Lilia Rivera Rivera respaldó la reforma constitucional al artículo 127, destacando que esta medida impone orden en los sistemas de pensiones y jubilaciones financiadas con fondos públicos, fortaleciendo así la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales.
Reforma busca equidad y responsabilidad fiscal
Rivera Rivera argumentó que, aunque una pensión digna es un derecho legítimo para quienes han trabajado, es igualmente crucial que los recursos destinados a este fin se gestionen con justicia, proporcionalidad y responsabilidad presupuestaria. Subrayó que la reforma aprobada por unanimidad en el Senado no elimina ni menoscaba el derecho a una jubilación justa, sino que establece parámetros razonables para su financiamiento.
«Es importante decirlo con claridad: esta reforma no elimina el derecho a una pensión ni desconoce la dignidad que debe acompañar a toda jubilación después de una vida de trabajo»
La legisladora morenista señaló que, al igual que la Constitución impone límites a los salarios en el servicio público, resulta coherente fijar también límites a las pensiones pagadas con dinero de los contribuyentes. Esta medida, dijo, refuerza la integridad del marco legal y reafirma que los recursos del pueblo deben manejarse con honestidad y transparencia.
Protección de derechos y sistemas de ahorro
La senadora aclaró que la reforma no impacta los ahorros individuales para el retiro, ni los sistemas construidos con aportaciones de los trabajadores, ni los programas sociales dirigidos a adultos mayores y personas con discapacidad. Reiteró que el objetivo es garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas sin afectar a quienes dependen de estos apoyos.
En su intervención, Rivera Rivera enfatizó que el servicio público debe ser una vocación de entrega al bien común, no un medio para mantener privilegios. Instó a los funcionarios a consagrarse al trabajo y a aprender a vivir en la honrosa medianía, promoviendo una cultura de austeridad y responsabilidad.
