La Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación (PJF) anunció la suspensión de dos magistradas del Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y de Trabajo de Tamaulipas, tras otorgar un amparo al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, que buscaba evitar su extradición a Estados Unidos por delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.
Las funcionarias suspendidas son Dulce Yanet Vega Camacho y Lourdes Guadalupe Ávila Tovías. De acuerdo con el TDJ, emitieron resoluciones que contradicen las pruebas del expediente y, además, corrigieron la plana a la defensa del exmandatario para favorecer su caso. Este hecho generó serias dudas sobre su imparcialidad y rigor jurídico.
Irregularidades en el proceso judicial
La extradición de Eugenio Hernández fue autorizada inicialmente en marzo de 2018 por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), lo que desencadenó que el exgobernador solicitara un amparo ante el Juez Primero de Distrito en Tamaulipas, quien lo negó. Posteriormente, Hernández Flores interpuso un recurso de revisión, solicitando que el magistrado Guillermo Cuatle Vargas no participara en el caso, petición a la que el propio magistrado accedió al considerar que su imparcialidad podría cuestionarse.
«El asunto estuvo sin movimiento por siete años hasta que a principios de diciembre de 2025 las magistradas hoy suspendidas, sin que el expediente estuviera listado, resolvieron el incidente de recusación y excusa, y dictaron sentencia en el juicio, mediante lo cual se modificó la sentencia del juez federal y concedieron el amparo para que se negara su extradición, lo anterior bajo el argumento de que la Cancillería mexicana no tomó en cuenta la opinión jurídica de un juez, la cual no era vinculatoria», detalló el TDJ.
Facultades del Ejecutivo en materia de extradición
El organismo subrayó que, conforme a la legislación nacional y a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la decisión sobre la extradición corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo, como un acto soberano vinculado a las relaciones internacionales y al principio de reciprocidad. Por tanto, no puede ser invalidado por un juez en un amparo.
El magistrado presidente de la Comisión de Disciplina del TDJ, Rufino H. León Tovar, señaló que la permanencia de ambas magistradas en el tribunal podría afectar gravemente la credibilidad del sistema de justicia, dado que se cuestiona su profesionalismo. En este contexto, se determinó su suspensión mientras el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas del PJF lleva a cabo las indagatorias correspondientes.
