El 3 de marzo de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que reforma las fracciones IX y XI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Mexicana, reduciendo la jornada laboral ordinaria de 48 a 40 horas semanales. La medida, resultado de largas luchas obreras, entrará en vigor de forma gradual a partir de 2027 hasta 2030, sin que implique reducción salarial alguna. Además, se establece el derecho a un día de descanso con salario íntegro por cada seis días trabajados.
Regulación de horas extras y protección a menores
La reforma contempla que, en casos excepcionales, podrán realizarse hasta 12 horas extras semanales, pagadas al doble del salario ordinario, con un tope de cuatro horas diarias en un máximo de cuatro días. Si se supera este límite, las horas adicionales deberán pagarse al triple. Asimismo, se prohíbe expresamente que personas menores de 18 años realicen trabajo extraordinario.
Antes de esta modificación, el tope de horas extras era de 9 por semana, también pagadas al doble. El nuevo esquema plantea que estas horas sean voluntarias, aunque persisten dudas sobre su cumplimiento real en un contexto laboral donde la presión del empleador puede anular dicha voluntariedad.
Desafíos en la implementación y contexto laboral mexicano
A pesar del avance constitucional, la reforma no garantiza dos días de descanso semanales, como exigía parte del movimiento obrero. Aunque con jornadas de 8 horas diarias las 40 horas se cumplirían en cinco días, la norma no impide que los empleadores distribuyan las horas de forma distinta, manteniendo así un solo día de descanso.
La informalidad laboral, la baja productividad y la cultura empresarial que valora la permanencia física sobre la eficiencia son obstáculos estructurales que no se resuelven con una reforma legal. Además, se cuestiona cómo las pequeñas y medianas empresas podrán adaptarse al nuevo esquema, frente a las grandes compañías que contarán con mayor capacidad de ajuste.
Necesidad de políticas públicas y cambio cultural
Para que la reforma tenga impacto real, deberá acompañarse de políticas que fortalezcan la fiscalización laboral, impulsen la productividad y apoyen a los sectores más vulnerables. También se requiere un cambio cultural en el entorno laboral, donde se valore el desempeño sobre la permanencia prolongada en el puesto.
Este cambio cobra mayor relevancia con las nuevas generaciones, que priorizan el bienestar emocional, la salud y el tiempo personal, y buscan trabajar para vivir, no vivir para trabajar. La jornada reducida puede convertirse en un instrumento de transformación social, siempre que se garantice su cumplimiento efectivo.
«Más que un cambio en el papel o un debate político, el reto será convertir esta reforma en una mejora real en la vida de las personas trabajadoras.»
