El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reconoció que el año pasado tuvo que pagar a cárteles para poder ingresar a ciertas ciudades a realizar el censo.
Algunos analistas aseguran que los cárteles de la droga tienen como blanco a los trabajadores de ese organismo, a empresas encuestadoras e investigadores de mercadotecnia en algunas partes de México por numerosas razones.
La directora adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios del INEGI, Susana Pérez, declaró la víspera ante una comisión de la Cámara de Diputados que empleados del organismo se vieron obligados a contratar a delincuentes para realizar algunas entrevistas del censo, y que uno de los funcionarios fue secuestrado mientras intentaba realizar entrevistas.
Pérez afirmó que el problema era peor en las zonas rurales del país, y que el INEGI tuvo que emplear varios métodos para poder operar en esas regiones.
«Hay muy diversas estrategias desde, en algunos casos, pagar por entrar. Pagar a lo mejor cifras pequeñas, pero pagar por entrar», indicó la directora al explicar que también recurren a la contratación de personal que vive en esas zonas que son conocidos por los pobladores y por «quienes podían estar incurriendo en cuestiones de delincuencia».
“Una muy importante es contratar personal de la zona, que conozca muy bien a la gente de la localidad o de la zona que se está censando, y que además sea conocida de esa gente, y que sea conocida de quienes pudieran estar incurriendo en cuestiones de delincuencia”, dijo.
En el centro y norte de México, donde hay problemas de violencia por las guerras territoriales del narcotráfico y la migración, los trabajadores del censo encontraron comunidades agrícolas abandonadas sin nadie a quien encuestar.
El INEGI es financiado por el gobierno mexicano, pero goza de una autonomía casi total para garantizar que las estadísticas no sean alteradas por los políticos.
El analista de seguridad, David Saucedo, dijo que en efecto los cárteles de la droga y las bandas tienen como blanco a los trabajadores del INEGI, así como a colaboradores de empresas encuestadoras y de mercadotecnia en algunas partes de México.
«Hay casos en donde los grupos del crimen organizado extorsionan y piden dinero a los encuestadores y supervisores para dejarles hacer encuestas. En este caso se trata de un delito de extorsión simple y llana», afirmó Saucedo.
Otros factores hacen que ir de puerta en puerta para hacer preguntas sea un trabajo aún más peligroso, sostuvo el analista. «En ocasiones los cárteles hostigan a los encuestadores al confundirlos con integrantes de otros grupos delictivos, debido a que grupos rivales se disfrazan de brigadistas de gobierno o encuestadores para hacer trabajos de inteligencia en zonas bajo el control del enemigo», agregó.
En lugares como los conflictivos estados de Michoacán y Guerrero, los cárteles de la droga pueden querer influir en los resultados de las encuestas para impulsar las candidaturas de políticos que estarían aliados con ellos, según analistas. Algunos partidos en México utilizan las encuestas para elegir en los procesos internos a sus candidatos.
«Si (los cárteles) detectan a encuestadores levantando cuestionarios, los levantan y obligan a que encuesten a integrantes de la base social de apoyo del narco para que los resultados favorezcan a los candidatos de su elección», aseguró Saucedo.
Cada vez más preocupa en el país que las autoridades hayan abandonado algunas zonas que están ahora bajo el control de bandas de narcotraficantes.
Las autoridades federales reconocieron este mes que una manifestación de cientos de personas en Chilpancingo, Guerrero, fue organizada por la banda de narcotraficantes Los Ardillos, y que la movilización tenía como objetivo obligar al gobierno a liberar a dos líderes del grupo que estaban detenidos acusados de posesión de drogas y armas.
En el vecino estado de Michoacán, los residentes reconocieron recientemente que casi todos los productos básicos de su región costaban entre 30% y 50% más porque los cárteles de la droga controlaban la distribución, y que la situación era conocida por las autoridades.
Los comerciantes dijeron a la AP que los elevados precios se debían a los «impuestos» que cobraba un cártel de la droga local, o por la propiedad de los puntos de distribución que manejaban narcotraficantes.
Desde hace mucho tiempo se ha convertido en una práctica peligrosa que extraños entren a los pueblos y comiencen a hacer preguntas.
En 2015, una turba mató y quemó a dos encuestadores que realizaban un sondeo sobre el consumo de tortillas en un pequeño pueblo al sureste de la Ciudad de México.
En 2016, tres hombres que trabajaban para una empresa de encuestas fueron rescatados de una turba que les propinó una brutal paliza en el estado de Tabasco.
