La Suprema Corte de Justicia discutirá el 30 de agosto un proyecto que ordena al Congreso restablecer, a nivel de ley, el derecho al fomento y promoción permanentes de la industria cinematográfica nacional.
Lo anterior, al declarar inconstitucional la reforma de noviembre de 2020 que eliminó el Fidecine, como parte de la cancelación masiva de fideicomisos ordenada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y ejecutada por la mayoría de Morena y sus aliados en ambas cámaras.
El proyecto establece que, al borrar el Fidecine de la Ley Federal de Cinematografía, y dejar el fomento de esta industria a nivel de un programa presupuestal anual y estímulos fiscales, el Congreso violó el Artículo 4 de la Constitución que ordena que «los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural» estarán previstos a nivel de ley.
El Ministro Alberto Pérez Dayán propuso a la Segunda Sala de la Corte amparar a la empresa Springall Pictures y ordenar al Congreso que legisle durante su próximo periodo de sesiones para subsanar la violación constitucional.
De ser aprobada, la sentencia no obligaría al Congreso a revivir al Fidecine tal cual, pero por lo menos tendría que elevar a nivel de ley el actual Programa de Fomento al Cine Nacional (Focine) y darle un carácter permanente, con el que deje de estar sujeto a los vaivenes del presupuesto de egresos anual y las decisiones discrecionales del Ejecutivo sobre estímulos fiscales.
«Proceda a subsanar las deficiencias de la actual Ley Federal de Cinematografía, reconociendo expresamente el derecho al fomento y promoción permanentes de la industria cinematográfica nacional, en los términos y condiciones de política pública que estime convenientes, antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones correspondiente a 2023», sería el efecto del fallo.
El pasado 26 de abril, Pérez Dayán y sus colegas Luis María Aguilar y Javier Láynez rechazaron un proyecto de la Ministra Loretta Ortiz que negaba el amparo a Springall, por lo que es previsible que el nuevo proyecto sea aprobado por esa mayoría.
«Con la derogación de la regulación del Fidecine, por virtud del decreto impugnado, se eliminó el único mecanismo, previsto en la ley de la materia, que garantizaba el acceso y participación permanente en la industria cinematográfica», explica el proyecto en alusión a la estructura del Comité Técnico que repartía el dinero del fideicomiso, y que era controlado por miembros de dicha industria.
En cuanto al Focine, explica que su problema es que es un mero programa del presupuesto anual, que puede o no recibir recursos según decida la mayoría en la Cámara de Diputados, más allá de sus virtudes o defectos en relación con el Fidecine.
«En nada trasciende que exista un nuevo programa de fomento al cine que, incluso, pudiera generar mayores beneficios, si finalmente no se encuentra previsto en la ley», sostiene.
