Cd. Victoria, Tam.- Las cosas habrían sido más fáciles para el licenciado RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA, exfiscal anticorrupción, si hubiese acatado la vía institucional para administrar su salida.
Oportunidades tuvo desde aquel octubre del 2022 cuando el general de brigada AUDOMARO MARTÍNEZ ZAPATA, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) notificó al gobierno de Tamaulipas que RAMÍREZ había reprobado los exámenes de confianza aplicados de rutina a funcionarios de seguridad y justicia.
Aun perteneciendo al mismo establo panista, el fiscal general IRVING BARRIOS transmitió sin demora el caso al Congreso del Estado, para que tomase las medidas correspondientes.
Ahí se atoró la cosa porque el entonces presidente de la JUCOPO era el diputado panista FELIX GARCÍA AGUIAR, quien de plano no mostró intención ni ganas de someter al pleno el cese de RAMÍREZ CASTAÑEDA, despreciando con ello el reporte del general AUDOMARO.
Me he ocupado varias veces del tema en este espacio. En mayo pasado expuse la necesidad de que detalles y pormenores de la citada prueba de confianza se hicieran públicos. Entonces escribí:
“Valga insistir en que dicho comunicado debe ser expuesto en su totalidad ante la opinión pública para que el votante conozca los pormenores de la referida evaluación negativa” (…) “en qué aspectos específicos dentro de las citadas pruebas de control de confianza habría reprobado el interfecto,” (…) “¿cuál o cuáles?, ¿uno, varios o todos los exámenes?, ¿médico, toxicológico, psicológico, poligráfico, de entorno social y situación patrimonial?”
(Columna Interiores, “Que todo Tamaulipas se entere”, 19 de mayo de 2023, https://tinyurl.com/23b6vty9).
CAMINO AL CALVARIO
El procedimiento para despedir al funcionario reprobado tardó un año (de octubre a octubre), tras un forcejeo largo y penoso con la autoridad estatal.
Aun sumando esfuerzos, los dos poderes, ejecutivo y legislativo, se tardaron en extirpar al susodicho, aferrado con uñas y dientes al cargo, al grito de “no me voy” y háganle como quieran.
Jugaba mucho con el papel de mártir y lo puso por escrito cuando denunció ser víctima de: “infamia, deshonra, ataques a la salud por daños psicológicos, alteración de la salud mental, acoso laboral, exposición en redes sociales, prensa escrita y televisión; ataques a la dignidad, actos infames, deshonra, ataques al honor, desprestigio público, difamación, afectación a la reputación, exposición mediática, tortura, tormento y peligro inminente a la privación de la vida derivado del retiro de los guardias de seguridad o escoltas.”
(Columna Interiores, “Un lloroso fiscal anticorrupción”, 19 de enero de 2023, https://tinyl.io/8V9Y).
De aquí el apodo del “Llorón” para este señor que solía manifestar sus planes de quedarse ocho años. Es decir, de trascender el periodo gubernamental del doctor AMÉRICO VILLARREAL.
Aunque su suerte estaba echada desde doce meses atrás, cuando el general AUDOMARO envió el reporte referido líneas arriba. Y también desde que su colega, el fiscal BARRIOS, le dio trámite al asunto, pese a provenir del anterior equipo de gobierno.
RUEDA DE LA FORTUNA
El caso es que (por fin) el Congreso demostró la eficacia largamente postergada y los chicos y chicas de doña ÚRSULA SALAZAR (la sobrina de su tío) tuvieron a bien destituir a RAMÍREZ.
Se cobra así una vieja afrenta que RAÚL y el propio IRVING dejaron en la memoria periodística (y legislativa) cuando intentaron vanamente desaforar a ÚRSULA por el asunto aquel del CONALEP en Tampico, donde fue directora y le encontraron presuntas irregularidades.
Trascendió además una grabación dónde la dama habría pedido comisión (moches) sugiriendo inflar en su beneficio las facturas por transacciones con un proveedor.
La cual fue luego desmentida por la propia legisladora, argumentando que el audio estaba adulterado, trucado. Probanza espuria y de mala fe, pues.
Los dos fiscales, entonces aliados, presumían tener (además) testigos protegidos que apoyarían la especie de las presuntas raterías cometidas por la dama en el plantel tampiqueño, donde fue también Jefa de Recursos Humanos y Finanzas.
Aunque la terca memoria insiste en recordarnos que cuando IRVING habla de “testigos protegidos” hay que ponerse a temblar, tras la experiencia aquella que lo hizo famoso durante el calderonato, con espantajos como el “PITUFO”, “MATEO” y la “JENNIFER”.
Meros fantasmas empleados de manera abusiva para fabricar casos sin mayor fundamento que la voluntad de FELIPE CALDERÓN por demostrar que estaba combatiendo al crimen organizado.
Ello, con la entonces procuradora MARISELA MORALES en calidad de ángel justiciero y el secretario de Seguridad GENARO GARCÍA LUNA como brazo ejecutor.
¿QUIÉN SIGUE?
En un vuelco del destino, doña ÚRSULA parece levantarse ahora con una victoria, viendo a RAMÍREZ transformado de perseguidor en perseguido.
El choque de trenes estaba previsto desde 2022, con el triunfo de AMÉRICO, el fracaso del TRUKO VERÁSTEGUI, el fin de la era panista y las cuentas pendientes que la prensa recordaba entre la diputada y el fiscal. (Columna Interiores, “Úrsula contra el Llorón”, 4 de mayo de 2023, https://tinyurl.com/2yav78yx).
Difícil saber qué viene ahora. Cabe esperar el cabal seguimiento en la investigación de irregularidades que han documentado personajes clave como la contralora NORMA ANGÉLICA PEDRAZA, la directora jurídica TANIA CONTRERAS LÓPEZ y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera RAÚL HERNÁNDEZ CHAVARRÍA.
Expedientes gordos, amén de numerosos. Aunque de nada sirve tenerlos si no se convierten en órdenes de aprehensión. El diagnóstico lo tienen.
