La permanencia de Raúl Ramírez Castañeda, como fiscal especializado en combate a la corrupción, depende particularmente del pleno legislativo, por ser atribución suya mantenerlo o removerlo del cargo, según lo determinen las dos terceras partes de la LXV Legislatura del Congreso local.
Pero cinco diputados de la Comisión Permanente, el 22 de septiembre próximo pasado, consideraron que un punto de acuerdo era suficiente para separarlo provisionalmente del cargo y nombrar encargado del despacho a Jesús Eduardo Govea Orozco.
En respuesta el fiscal promovió un amparo provisional que le concedió el Segundo Tribunal Unitario Colegiado (con sede en Reynosa), ordenando su reinstalación inmediata porque los diputados no fundaron los motivos de sus actos, ni tampoco sustentaron su competencia para removerlo.
Suspensión que ya se venía venir –se lo comenté en su oportunidad–, porque la decisión acordada entre Humberto Prieto Herrera, Úrsula Patricia Salazar Mojica, Casandra de los Santos Flores y Eliphaleth Gómez Lozano (diputados de morena), más Linda Mireya González Zúñiga (legisladora sin partido), fue errónea al infringir la legalidad, aun cuando motivos existen de sobra para destituir al fiscal. Como igual ha sido documentado, en tiempo y forma.
Por principio de cuentas, reprobar los exámenes de control y confianza que le fueron practicados en el Centro Nacional de Inteligencia que dirige el general Audomaro Martínez Zapata, quien el 26 de octubre de 2022 giró un oficio al entonces presidente de la Junta de Coordinación Política (JuCoPo) del Congreso local, Félix Fernando García Aguiar, para informárselo.
Obviamente el mentado ‘Moyo’ pasó por alto esa advertencia ya que el fiscal anticorrupción obedece a su mismo establo político.
Pero al perder el control del Congreso local, quedó fuera de su mano y alcance seguirlo protegiendo, aunque la legislatura tiene un candado difícil de abrir: alcanzar la mayoría absoluta para deponerlo.
Otra razón que daría motivo a la destitución definitiva del fiscal es que, ante la Fiscalía General de Justicia (en mayo 16 del año en curso), el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica local, Raúl Hernández Chavarría, lo denunció por su probable comisión de delitos como: tráfico de influencias, abuso de autoridad, uso indebido de sus facultades, abandono de funciones, saqueo y coalición ilícita con servidores públicos, entre otros.
De ahí se desprende la orden de aprehensión girada en su contra, que obsequió un juez a los agentes del Ministerio Público ante el procedimiento penal acusatorio y oral, al través de un oficio (FECC/1193/2023), dirigido al comisario general de investigación de la Fiscalía General de Justicia.
Esta captura no se cumplirá, mientras el juez séptimo de Distrito, Juan Fernando Alvarado López, resuelva si otorga en definitiva el amparo que es ahora provisional en la causa 2142/2023, o lo niega.
En cuanto a su permanencia en el cargo Raúl Ramírez Castañeda aún espera, igual, la resolución definitiva de los tres magistrados Carlos Manuel Bautista Soto, Osvaldo López García y Jorge Luis Tiscareño Vázquez, que, como integrantes del Segundo Tribunal Unitario Colegiado, deben resolver, conforme a derecho, su derecho a que permanezca en el cargo tras valorar los alegatos de la contraparte para reconsiderar su veredicto.
Recursos probables
Admitiendo, sin conceder, que Raúl Ramírez Castañeda tiene la razón para continuar siendo el fiscal anticorrupción en Tamaulipas, a la bancada de los morenistas le quedan todavía dos recursos para revertir su descalabro:
1) Cerrando filas con otros grupos ya que, entre sus 16 diputados y los 3 priistas, más 3 sin partido, 1 de MC y convenciendo a la recién ‘depuesta’ dirigente panista municipal de Tampico (Nora Gómez González), sumarían 24, para alcanzar la mayoría requerida; y
2) Contratar expertos jurídicos que sin malinterpretaciones a la ley den la pelea correcta en los tribunales, dejando a un lado el trillado rollo de que, el Poder Judicial federal, está al servicio de grupos gansteriles.
En el cabildeo legislativo ha fallado Úrsula, por lo que quizás resulte ya necesario su relevo, por un diputado más activo y persuasivo para alcanzar la mayoría legislativa y revertir las reformas anacrónicas.
En síntesis, se ha perdido un encuentro, pero no la guerra.
Y por eso, Raúl Ramírez Castañeda sigue en la mira de los diputados.
¿Acaso Tamaulipas no merece contar con un fiscal anticorrupción que no sea corrupto?
Entonces, ¿por qué dejar la Iglesia en manos de Lutero?
Universidad
La convivencia de Guillermo Mendoza Cavazos, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), con alumnos y maestros de las facultades de Comercio y Veterinaria (campus Victoria), en la carrera atlética por sus aniversarios LVI y LXVI, respectivamente, así como en diversas actividades deportivas de otros planteles, refrenda su interés de promover el programa de integración universitaria ‘Vida UAT’.
Estos eventos alientan la identidad y pertenencia de y hacia la máxima casa de estudios. Pero además forman parte de un plan integral para lograr mejores profesionistas que aporten al desarrollo estatal; e importen por sus conocimientos en todos los sectores productivos, dejando en alto a su alma mater por la enseñanza recibida.
