La denuncia que presentó la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de sus área jurídica, en contra de ex funcionarios de la institución como del gobierno del estado, es evidencia contundente de que la actual administración de la máxima casa de estudios no solapará ilícitos y que lo de la transformación va en serio.
Es muestra de que para el Rector, DÁMASO ANAYA ALVARADO, no habrá borrón y cuenta nueva en la UAT, a la par que manda una señal a sus colaboradores a fin de que se comporten con probidad conforme lo marcan las leyes en general y la legislación universitaria, en particular.
De modo que la limpia empezó y, según se ve, va de arriba hacia abajo.
Porque se presume y seguramente se esta documentando, que en el sexenio anterior se utilizaron recursos de la Universidad en beneficio de particulares; que se hizo “negocio” mediante adquisiciones y compras y, de alguna manera, se desviaron recursos para la campaña electoral pasada a la gubernatura, a favor del candidato PRIAN.
Lo que se informó es que la denuncia en mención es por los posibles “delitos de ejercicio ilícito de servicio público, peculado, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades y los que resulten”.
Y es que la administración estatal panista, que estuvo a cargo de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, le quedó a deber a la UAT 500 millones de pesos.
Aunque las transas que aún no salen a la luz pública pudieran dar cuenta de que son superiores al adeudo citado.
Por ejemplo, la que sustenta la denuncia que se llevó a cabo en la Fiscalía General de Justicia en el Estado da cuenta de una maniobra millonaria, que despide el tufo a corrupción.
Porque da cuenta de la sobre valuación de un predio de 20 hectáreas en Reynosa que valía poco más de 13 millones de
pesos pero que desde el gobierno habrían operado para que se le diera un costo de 187 millones de pesos.
De esta manera la casa de estudios recibió el predio y así la gestión panista “pagó” parte del adeudo que tenía pendiente de entregarle a la Universidad.
La frágil justificación que inventaron para no entregar el recurso financiero es que éste se destinó a cubrir aspectos de salud durante la pandemia del Covid-19.
Es decir, el entramado de corrupción se armó con la finalidad de que no hubiera delito que perseguir y que la acción truculenta quedará en la impunidad ya que, al fin y al cabo, la transa fue avalada por la mayoría del Congreso estatal.
A propósito, es necesario que se efectúe una revisión minuciosa sobre la “inversión” multimillonaria que la gestión cabecista destinó a salud, en tiempo de pandemia, ya que así saldrá a relucir la forma burda en que se robaron, desde el gobierno, el dinero público.
Seguramente dejar huellas de su voracidad en lo del armado de hospitales Covid, kit de medicinas anti Covid, estudios de laboratorio a sobreprecio, entre otras “gracias” de los “uña larga”.
El caso es que la Procuraduría esta obligada a dar resultados e igual los encargados de la administración de justicia en donde, por cierto, hay servidores públicos afines al cabecismo.
Las practicas dilatorias para proteger a presuntos delincuentes por complicidad y aspectos de carácter político tienen que acabar.
Es un clamor de los ciudadanos y una exigencia para que avance la transformación.
Desde la UAT se hace lo propio y así debe ser.
RULETA
Algo deben haber escuchado los jerarcas de las fiscalías estatales sobre la alusión que hizo CALUDIA SHEINBAUM PARDO, durante su registro como candidata a la Presidencia de la República.
Ni modo que se hagan los desentendidos de la advertencia que expresó al expresar que estará pendiente de que las fiscalías estatales no hagan acuerdos con grupos de la delincuencia organizada.
La mujer sabe lo que dice porque le tocó desmantelar a uno de los grupos de criminales denominado “Cartel Inmoviliario”, conformado por políticos, autoridades y empresarios militantes y afines al PAN y uno que otro priistas, mismos que recibieron protección de la fiscalía anterior a la llegada de CLAUDIA al gobierno de la Ciudad de México (CDMX).
El caso es que hay patrones muy definidos y que se reproducen en las entidades del país, en donde gobierna el PAN y PRI.
Pero igual hay éste tipo de maña en entidades en las que hay administraciones de Morena u otros institutos políticos.
Ahí tenemos a Nuevo León en donde la fiscalía estatal es dominada por el PRI y PAN o en Tamaulipas en que, si bien se tiene un fiscal general que colabora con la transformación, no ha hecho mucho por depurar el ente a su cargo y, peor aún, hay un fiscal anticorrupción que solo esta en el puesto y cobra para cubrir las espaldas del ex gobernador y presuntos cómplices.
El llamado segundo piso de la 4T implica un apriete más para sacudirse a delincuentes de cuello blanco.
AL CIERRE
En efecto. La fórmula de Morena al Senado de la República, integrada por OLGA SOSA RUIZ y JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, no tenían la menor preocupación hasta que reapareció en la escena política el ex gobernador, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES y fue arropado por el PVEM, junto a MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ.
La realidad es que debe preocuparse GÓMEZ LEAL ya que si GEÑO y su compañera de fórmula, en un abrir y cerrar de ojos, se colocaron en segundo lugar de la preferencia ciudadana pueden ir más alto, dado el arrastre y carisma del capitalino.
Al fin y al cabo el Verde también es 4T y el objetivo central es frenar a la oposición y ganar mayoría calificada en el Congreso de la Unión.
Es evidente que GEÑO si aportará a la causa.
