Por Margil Zapata.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En reciente entrevista efectuada hoy previo a la Sesión Pública Ordinaria a celebrarse en el Congreso del Estado de Tamaulipas, el diputado Isidro Vargas Fernández, ha hecho un llamado a la Contraloría Gubernamental de Tamaulipas para que realice una investigación exhaustiva sobre un contrato de videovigilancia que podría encerrar prácticas corruptas.
El contrato en cuestión, valorado en cuatro mil millones de pesos y extendido por un periodo de seis años, fue adjudicado a una empresa no revelada para el mantenimiento de cámaras de seguridad instaladas a lo largo del estado, aunque no en todas las ciudades. Este acuerdo fue firmado por la administración estatal anterior, comprometiendo fondos que ahora incumben al gobernador actual, Américo Villarreal Anaya.
La situación ha tomado un giro significativo ya que se ha decidido, en el marco del Presupuesto de Egresos, eliminar la asignación específica de fondos para este proyecto, permitiendo así la reasignación de los recursos financieros hacia el sector de la seguridad pública sin restricciones de fideicomisos o compromisos con la empresa mencionada.
Es importante destacar que el contrato ya había sido cancelado por el gobierno estatal, lo que implica que no se han realizado pagos durante los años 2024 y 2025. A pesar de esto, se ha efectuado una indemnización como parte de las cláusulas contractuales.
«Prácticamente, pues hay un par de años que dejó de pagarse (2024 y 2025). Sin embargo, como en todo contrato, hay una parte de indemnización, esa se dio», subrayó.
El diputado Vargas Fernández ha enfatizado que contratos de esta naturaleza son perjudiciales para las finanzas del estado y ha expresado su esperanza de que no se descubran más acuerdos similares. Además, ha extendido un llamado al Gobierno del Estado para colaborar en la cancelación de cualquier otro contrato que pueda estar afectando negativamente al erario público.
El Congreso, según sus palabras, está dispuesto a apoyar tales medidas, demostrando su compromiso con la transparencia y la responsabilidad fiscal.
«Este tipo de contratos son lesivos para las arcas de la Hacienda Pública Estatal. Esperemos que no existan más contratos de ellos, y también hacemos el llamado al Gobierno del Estado, que si hay más contratos de esos, nosotros como Congreso vamos a colaborar y estaremos de acuerdo a que se cancelen estos contratos que solamente vienen a afectar las arcas de la hacienda pública estatal», apuntó.
