La etapa de inscripciones para el ciclo escolar 2024-2025, iniciada en los primeros días del mes que cursamos, despertó un claro entusiasmo entre los miles de padres de familia cuyos hijos por primera vez pisan un aula (como es el caso de los alumnos de preprimaria y primaria), pero no para millones de tutores que obligados estuvieron a desembolsar importantes sumas de dinero exigidas por algunos directivos de educación básica, con el rollo de que sólo cubriendo la ‘cuota voluntaria’ era posible garantizar la inscripción de sus retoños para acceder al nivel inmediato o proseguir su enseñanza.
Se lo comento porque, hasta hoy incluso, no sé de institución alguna donde se haya atendido puntualmente lo plasmado en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –en cuanto a las instituciones públicas–, de brindar un servicio gratuito y laico.
Y sí, por el contrario, sé de casos en que los mentores medran tanto con la admisión de educandos y la adquisición de materiales y de uniformes como acostumbran hacerlo dentro el sistema educativo –que generosamente les paga por ejercer un servicio, aunque regularmente mediocre–, en claro detrimento del avance en esta materia, porque la venta directa de esos artículos les produce pingües dividendos.
La reglamentación oficial advierte que la enseñanza debe desligarse completamente de toda transacción comercial.
Sin embargo, fuera de toda institución privada –donde sí se contrata este servicio y quienes lo hacen saben perfectamente a qué se atienen porque están en manos de la usura–, en el sector público se da el caso de que hay directores de escuelas que suelen negarle la instrucción a quienes no pagan ‘las cuotas voluntarias’ o los ‘donativos’ que jamás registran las arcas gubernamentales.
Basta haber observado las largas filas que, desde la madrugada, por varios días, hicieron miles de paterfamilias reclamando un lugar para sus hijos –y las que aún se hacen en búsqueda de la matrícula–, para mejor entender la problemática.
Por si fuera poco, igual basta ir cualquier institución –al menos aquí en Tamaulipas–, para darnos cuenta del negocio que se hace con los uniformes y útiles escolares y preguntar dónde se maquilan y quiénes los venden, para mejor entender el por qué se obliga a los educandos a la adquisición de su vestimenta diaria y enseres en negocios determinados.
Sospecho, sin embargo, que en el caso de Tamaulipas la secretaria de ‘Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor, no está en el ‘enjuague’, pero sí creo pertinente que ella se mantenga al cuidado de esta denuncia, pues a lo largo y ancho de toda la geografía estatal se registra el cobro indebido de cuotas escolares.
Precisiones
El tema atrapa mi atención porque sé de primera mano que hay miles de víctimas de los colegios privados.
Y la mayoría de sus alumnos nunca han recibido un beneficio público.
Ciertamente, y, ante la falta de escuelas públicas para cursar estudios, sobre todo en las áreas de bachillerato y profesional en el municipio, tienen los estudiantes necesidad de emigrar a otras latitudes para continuar, si así lo quieren, su capacitación.
Las becas que actualmente otorga el programa Bienestar diseñado por Andrés Manuel López Obrador, ciertamente benefician a estudiantes de los niveles de educación básica, bachillerato y profesional que cursan estudios en instituciones públicas, dejando fuera de su programa a quienes lo hacen en colegios privados.
Y aquí preciso tres puntos:
1) La usura educativa golpea a los paterfamilias sin razón de ser, pues hay aún cientos disgustados ante el alto precio que cobran por atender la educación de sus hijos ante la falta de oferta federal, en su instrucción;
2) La connivencia de Lucía Aimé Castillo Pastor y Guadalupe Acosta Villarreal, con los colegios privados, obstaculiza que los alumnos puedan obtener duplicados de sus certificados en la propia SET (Secretaría de Educación de Tamaulipas); y
3) Le negativa de la Federación para becar a estudiantes de escuelas privadas, mientras subsidia a los jóvenes que no estudian ni trabajan –más conocidos como ‘ninis’–, con 7 mil 572 pesos mensuales, es un insulto a la economía de quienes con esfuerzo pagan colegiaturas.
Al empeño
Ahora, con el regreso a clases y la pedidera de útiles, resulta importante destacar que el abuso contra el patrimonio familiar que cotidianamente realizan las empresas prestamistas instaladas en los 43 municipios de la entidad, es un asunto que el Congreso del Estado debe atender en lo inmediato y no relegarlo, como lo han hecho los diputados de legislaturas anteriores, a un simple punto de acuerdo.
Más cuando su operación y funcionamiento no acata lo dispuesto en la Ley de Ahorro y Crédito Popular –publicada en el Diario Oficial en junio del 2001–, que regula, promueve y facilita el servicio.
Por tanto, las llamadas casas de empeño están incurriendo en el delito de usura, según lo establece el Código Penal para el Estado de Tamaulipas.
¿Acaso éste no es un buen tema para debatir en la Comisión Permanente del Congreso local?
Eso acarrearía credibilidad a los diputados.
Y más si sancionaran tanto abuso.
