El combate a la inseguridad pública es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno. No sólo de la Federación. Y esto lo entiende perfectamente el mandatario estatal, Américo Villarreal Anaya, quien, en la víspera inauguró el complejo de seguridad pública denominado ‘El Tejón’, que se localiza en el kilómetro 201 de la carretera Victoria-Matamoros, en el municipio de San Fernando.
La obra se edificó sobre una superficie de 6 mil 779 metros cuadrados, con una inversión de 58.2 millones de pesos; y cuenta con alojamientos, comandancia, enfermería, comedor, cancha de usos múltiples y vialidades internas.
Con esta y otras acciones sobre el tema de seguridad pública, inicia el segundo piso de la transformación en el estado para recuperar el bienestar de los más de 3.5 millones de habitante que aquí coincidimos.
Hay, sin embargo, alcaldes que evaden el compromiso, aun cuando el tránsito hacia sus municipios atraviesa por San Fernando –como Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal (Nuevo Laredo), Carlos Víctor Peña (Reynosa) y Alberto Granados Favila (Matamoros)–, bajo la argucia de no tener policías municipales con qué enfrentar a los delincuentes, aunque sólo se les ha pedido que simplemente denuncien situaciones de riesgo. O algo aún más sencillo: mediante sus agentes viales proceder a revisar todas las unidades automotrices que circulen sin placas, así como a los taxis piratas; además de evitar la operación de giros negros.
Y es que ha sido ahí, precisamente en esas localidades, donde se han registrado más acciones violentas en los últimos días.
De cualquier forma, el problema ha disminuido drásticamente en casi todo Tamaulipas, hasta el grado que Tampico aparece en el tercer lugar de las ciudades más seguras del país (en un universo de 91), y ninguna urbe se localiza dentro de las 20 más inseguras del país.
Por eso cobra especial relevancia la inauguración del nuevo complejo de seguridad pública, pues viene a reforzar el combate a la inseguridad emprendido por el gobernador Villarreal Anaya.
Ojalá y sus acciones sean emuladas por su homólogo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, pues en su comarca fronteriza y los municipios avecindados con los tamaulipecos se siguen cometiendo atrocidades.
Y por eso las dificultades que ha tenido Tamaulipas –en materia de seguridad–, no son ajenas a la entidad vecina, aunque aquí se enfrentan de forma coordinada con toda la fuerza del Estado.
Lo más conveniente, en este sentido, es seguir adelante enfrentando la inseguridad en la entidad, esperando que trabajen unidos enfrentando la delincuencia la Guardia Nacional y la Guardia Estatal.
Y es que la colaboración gubernamental con las acciones federales que se llevan a cabo en la lucha contra la delincuencia organizada, permite diezmar no sólo a las bandas criminales, sino que tiende a evitar que las autoridades municipales sigan mostrando opacidad ante el flagelo.
Linchamiento mediático
Sin distingos de ninguna índole, la sociedad mexicana se halla en la frontera del hartazgo ante la incapacidad mostrada por los actores políticos para establecer un diálogo responsable, que permita brincar el fango en que se encuentra la reforma judicial.
Vivimos un escenario de confrontación cotidiana en el que ninguna de las partes en litigio cede, y, por el contrario, se dan a la tarea de ahondar sus diferencias generando tristes y deprimentes espectáculos que, al mismo tiempo, amenazan con salirse de cause y provocar una real desestabilización, como se muestra en las imágenes que son reproducidas en las redes sociales.
La rebatinga y pelea de espacios de poder tiene lugar en todos los frentes, sin que haya un árbitro confiable que reoriente y revierta el estado de las cosas que ya se encuentran en un punto crítico.
A este clima enrarecido también contribuyen, de alguna manera, los medios de comunicación masiva –sobre todo los electrónicos (radio y televisión) cuyos imperios se localizan en las ciudades de México y Monterrey–, porque en su afán de ‘ganar la noticia’ del diario acontecer auspician, consciente o inconscientemente, el linchamiento hacia una de las partes en pugna favoreciendo a la otra, sin que les importe nada más que engrosar sus auditorios mediante el amarillismo y la estridencia que también nos tienen cansados.
De esta forma la parcialidad y objetividad sucumben ante la versión panfletaria cargada de morbo y sensacionalismo con que son exhibidos los problemas hacia millones de radioescuchas y televidentes, que, de manera puntual (y brutal), reciben una serie de mensajes manipulados.
Generar confianza y credibilidad entre los distintos segmentos poblacionales en torno a los asuntos públicos que debiera ser el propósito central de las autoridades y la prensa en su conjunto, se ha convertido en un simple concepto que adorna el discurso disociado con la realidad.
El ejemplo más claro de lo aquí plasmado, es que socialmente existe la percepción de que el sistema judicial se niega a transformarse y que las promesas de cambio y profundización de la democracia no pasan de ser artificios y mascaradas a los que tanto es proclive la clase política.
Ello propicia desconfianza, con toda la frustración de un inconsciente colectivo al que no le importa quién lo hizo y es culpable, sino quién la pague.
