Marco legal en entorno digital
El pasado 13 de junio se publicó oficialmente la Ley de Ciberseguridad, iniciativa impulsada por José Luis García Parra, coordinador actual del Gabinete estatal y diputado con licencia. La propuesta fue presentada originalmente en noviembre de 2024.
Contexto de aprobación
La normativa ha sido objeto de debate político, particularmente por sectores de oposición que la asocian a intereses específicos de funcionarios locales. Su relevancia mediática aumentó tras un ciberataque contra Gabriela Sánchez, titular del Deporte y Juventud, cuyo caso investiga la Policía Cibernética con posibles implicaciones de ex servidores públicos.
Razones para su implementación
«Tipificar estas conductas como delitos ya es un gran avance, pero castigarlos será la joya de la corona en un mundo digital que cada día crece más», señaló José Luis García Parra. La norma busca combatir amenazas, difamaciones y suplantación de identidad en plataformas digitales, sin afectar libertades informativas.
Proceso de socialización
Ante la controversia generada, el gobernador Alejandro Armenta solicitó a la presidenta del Congreso Laura Artemisa García Chávez la organización de foros de análisis con los 41 diputados locales. Estos espacios buscan aclarar el contenido de la ley, aunque se ha aclarado que «no son consultas ciudadanas» dado que ya fue publicada en el Periódico Oficial del Estado.
Sanciones previstas
La normativa establece penas de entre 11 meses y tres años de prisión por ciberacoso comprobado que cause daño físico o emocional. Para casos de suplantación de identidad en redes sociales con fines económicos, se contempla hasta ocho años de cárcel.
Clarificación sobre libertades informativas
Se ha desmentido que la ley implique censura a medios de comunicación, destacando que su objetivo es perseguir a quienes utilizan plataformas digitales para atacar a personas de manera anónima y sistemática.
