Reforma judicial carece de enfoque integral
El exministro José Ramón Cossío Díaz expresó que la reforma judicial impulsada actualmente no aborda el problema fundamental de la impunidad en México, que se estima en torno al 94%. En su opinión, el cambio principal se limita a modificar la forma en que se seleccionan los titulares del Poder Judicial a través de un proceso electoral cuestionado.
Transformaciones pendientes
Durante su participación en un evento del PRD en el Estado de México, el experto recordó las modificaciones principales de la reforma, incluyendo la reducción de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9, la eliminación de dos salas especializadas y la creación de un órgano disciplinario para sancionar a jueces sin posibilidad de apelación.
Irregularidades en proceso electoral
“Con esta reforma judicial no va a mover ni un punto porcentual. La impunidad puede mantenerse en 94, 95 por ciento y cualquiera que sea la condición del margen que se mueva esto, será pequeñísimo”, sostuvo el jurista. También criticó las irregularidades en la elección de jueces, señalando que el INE operó con solo la mitad de las casillas utilizadas en comicios presidenciales y careció de representantes partidistas en momentos decisivos, violando el Artículo 41 constitucional.
Nuevos riesgos institucionales
Cossío destacó la preocupación por el Tribunal de Disciplina Judicial, cuyas decisiones no admitirán recursos. “Si lo dejamos mal diseñado, será un órgano de control discrecional, como entrenar perros a golpes: cuando hagan algo que no les guste, les darán el periódicazo”, advirtió. El académico también planteó dudas sobre la independencia de jueces electos, al preguntar: “¿Si un grupo delictivo ayudó a que un juez llegara, a quién le responderá? ¿A la ley o a quienes lo impulsaron?”
Reformas estructurales postergadas
El exfuncionario enfatizó que mientras se enfocan en cambios superficiales, otras reformas esenciales permanecen estancadas desde hace años: la penal, la mercantil y la civil. Destacó que el sistema actual, donde jueces manejan hasta 1,500 casos al año, colapsará con la implementación de juicios orales que requieren más recursos humanos y técnicos.
Alerta sobre futuro institucional
El ministro en retiro concluyó advirtiendo que “la reforma judicial, más que una solución, parece un experimento arriesgado que podría debilitar la independencia del Poder Judicial sin mejorar el acceso a la justicia ni reducir la impunidad”. Insistió en la necesidad de monitorear su aplicación y realizar ajustes antes de que los efectos negativos sean irreversibles.
