Acusaciones contra la Fiscalía General del Estado
La organización Red de Mujeres Periodistas del Estado de Morelos emitió una declaración crítica en relación al boletín FGE 506 emitido por la Fiscalía General del Estado el 23 de junio de 2025, durante el cual se responsabilizaba a la prensa por la difusión de información sobre las fosas en el panteón «Pedro Amaro» de Jojutla. La organización manifestó que este documento oficial representa un intento de desacreditar el trabajo informativo y restringir derechos fundamentales.
Violaciones a derechos fundamentales
Entre las principales preocupaciones expresadas por la Red figura la vulneración de garantías constitucionales y tratados internacionales, particularmente en aspectos relacionados con la libertad de expresión, el derecho a la información y la protección al ejercicio periodístico. Se destacó que las declaraciones de la institución encabezada por Edgar Maldonado Ceballos buscan controlar la narrativa sobre un tema de gran relevancia social.
Cuestionamientos específicos al boletín institucional
La organización señaló varios puntos críticos dentro del contenido del comunicado oficial. Entre ellos, se encuentra la acusación de «falta de veracidad» en la información periodística, sin que se presenten evidencias que respalden dicha afirmación. También se mencionó la utilización de lenguaje que estigmatiza a los medios, atribuyéndoles la generación de «alarma social y desinformación» en un contexto sensible.
Denuncias sobre transparencia y amenazas
Se destacó la demora de siete días en la emisión de un informe oficial tras la suspensión de trabajos en el lugar, lo que contradiría principios de transparencia. Además, se alertó sobre la frase «evitar la difusión de datos no verificados es una obligación legal», interpretada como una advertencia implícita hacia periodistas que consultan fuentes distintas a las oficiales.
Contexto de reunión con colectivos
La organización informó que durante un encuentro el 25 de junio con colectivos, el fiscal Edgar Maldonado Ceballos atribuyó directamente a la prensa la distorsión de información sobre las exhumaciones, lo cual agrava los riesgos para quienes ejercen el periodismo en la entidad.
Marco legal y derechos humanos
La Red recordó que el artículo sexto de la Carta Magna mexicana protege la libertad de expresión y el acceso a la información, mientras que tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos respaldan estos derechos. Se enfatizó que organismos internacionales han advertido sobre el uso indebido de discursos institucionales para intimidar a comunicadores.
Exigencias y posicionamiento final
Como parte de su pronunciamiento, la Red formuló tres demandas específicas: que se dejen de emitir mensajes intimidatorios hacia la prensa, que se garantice acceso transparente a la información pública y que se reconozca el periodismo como herramienta esencial para la rendición de cuentas y la defensa de derechos humanos.
«La Fiscalía General del Estado viola derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información, la libertad de prensa y el derecho a la memoria», apuntó la organización.
«La tragedia de las fosas de Jojutla sigue siendo un pendiente sin resolver desde hace más de diez años. Los pocos avances han sido posibles gracias a la insistencia de las familias buscadoras y al trabajo del periodismo comprometido», sostuvo la Red.
Y concluyó: «La libertad de expresión no se condiciona. El periodismo no se silencia».
