Acciones colectivas por contaminación
Indígenas y campesinos de Papantla, en Veracruz, tomaron medidas radicales al cerrar el acceso a instalaciones operadas por Petróleos Mexicanos (Pemex) y Oleo Rey. Esta movilización ocurre paralelamente a un nuevo incidente que contamina el río Cazones, agravando una situación ecológica y sanitaria prolongada.
Historial de incumplimientos
Los manifestantes señalan que la empresa estatal no ha cumplido compromisos previos relacionados con la restauración de acuíferos, pozos contaminados y tierras agrícolas afectadas. Además, no se han realizado los pagos correspondientes por daños ni se ha garantizado el suministro de agua potable, afectando a familias que dependen del campo para subsistir.
Voces de resistencia
«El líquido que nos mantenía ya no sirve ni para asearnos. Tenemos que invertir en pipas con los escasos recursos que obtenemos de la tierra. Y encima afirman que todo está bien», expresó un integrante del movimiento.
Emergencia ampliada
La alarma también fue tomada por autoridades de Poza Rica, quienes recomendaron evitar el contacto con las aguas del río Cazones, mantener las ventanas cerradas con paños húmedos y usar mascarillas. El incidente se originó en un ducto ubicado en Ávila Camacho, Puebla, pero sus consecuencias se sienten en múltiples municipios de Veracruz.
Ciclo repetitivo de daños
Para los residentes de la zona, este episodio forma parte de un patrón persistente de contaminación y desatención. A lo largo de los años, han denunciado múltiples incidentes: una explosión en 2022 que afectó cultivos, un derrame en 2021 que contaminó extensos tramos de ríos, y un accidente en 2020 donde resultaron heridos tres empleados.
Estadísticas preocupantes
Según registros oficiales obtenidos mediante solicitudes de transparencia, Pemex acumuló 270 derrames de alto y moderado impacto entre 2018 y 2024, siendo Veracruz el segundo estado más afectado después de Tabasco. Al incluir los de bajo impacto, la cifra nacional supera los 6,000 eventos, muchos de los cuales permanecen sin investigación ni sanción.
Demandas de justicia ambiental
Representantes de once localidades afectadas trabajan ahora en conjunto para exigir a Pemex y al gobierno federal un acuerdo vinculante que incluya limpieza de ductos, compensación por daños y acceso a agua limpia. También solicitan evaluaciones independientes del aire, suelo y agua para comprender el verdadero alcance de los daños.
«Como pueblos originarios tenemos derecho a ser informados. Vivimos al lado de los pozos, pero nunca nos han dicho nada. Ahora exigimos estar al centro de la conversación»
El consejero Romualdo García de Luna, líder totonaca de Ojital Viejo, enfatizó que «esta situación ya es estructural, no es un accidente, es una forma de operar».
Críticas al sistema regulatorio
David Rosales, especialista en políticas públicas, señaló que «existe un conflicto estructural: Pemex y su órgano fiscalizador pertenecen al mismo Estado, imposibilitando una verdadera justicia ambiental». Datos de la ASEA revelan que, entre 2015 y 2024, se iniciaron 256 investigaciones por derrames, pero ninguna terminó en multa económica hacia la empresa petrolera.
