Acción legal sin precedentes contra empresas de subrogación
El Instituto de las Mujeres, bajo la supervisión del Ministerio de Igualdad, ha iniciado un proceso judicial sin precedentes contra múltiples empresas que comercializan servicios de gestación subrogada. La institución acusa a estas organizaciones de promover ilegalmente una práctica prohibida en España, utilizando estrategias de mercadotecnia en sus plataformas digitales y redes sociales.
Evidencia documental respalda la acción judicial
Un informe técnico del organismo femenino, complementado con el análisis del Observatorio de la Imagen de las Mujeres, constituye la base probatoria de la denuncia. Este documento, entregado en enero a la Abogacía del Estado, revela cómo ciertas compañías con presencia en territorio nacional emplean un lenguaje comercial emocional y científico para captar clientes.
Quejas ciudadanas detonan respuesta institucional
Entre noviembre y diciembre de 2024, el observatorio registró 334 denuncias ciudadanas relacionadas con promoción de gestación por sustitución. Pese a un requerimiento formal emitido por el instituto en el que se solicitaba la suspensión de actividades, las empresas no respondieron adecuadamente, lo que motivó la acción legal.
Posición institucional contra práctica prohibida
El organismo considera que esta práctica representa una forma de violencia estructural que atenta contra los derechos reproductivos femeninos. Cristina Hernández, directora del Instituto, destacó que «desde el Instituto de las Mujeres estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para perseguir la gestación por sustitución, porque alquilar el vientre de una mujer es inaceptable en cualquier sociedad que valore los derechos humanos».
Marco normativo complementario
La institución también ha solicitado a la Dirección General de Consumo que investigue posibles irregularidades en otras empresas. Además, se ha referido a la Instrucción del 28 de abril de 2025, que establece criterios para el registro de menores nacidos mediante esta práctica en el extranjero, permitiendo únicamente la filiación biológica o por adopción. La funcionaria insistió en que «no se puede maquillar ni suavizar una situación de violencia y explotación reproductiva contra mujeres en situación de vulnerabilidad».
